«Absolutamente, todos los firmantes del decreto de la muerte serán procesados»

El ministro de Justicia, Ivan Lima, en entrevista a Bolivia tv, sobre las masacres de Sacaba y Senkata, indicó que se está garantizado el debido proceso. Aseguró que no existe ni existirá impunidad para ninguno de los graves crímenes que han ocurrido.

“Que no se confunda la garantía del debido proceso con la impunidad. Pronto el pueblo boliviano —estoy seguro, este año— va a ver sentados en el banquillo de los acusados a quienes han firmado el Decreto de la Muerte 4078; han propiciado la muerte de bolivianos en graves hechos que no se pueden calificar de otra forma que no sea de ejecuciones extrajudiciales”, confirmó durante la entrevista el ministro.

Asimismo criticó el lento y hasta sospechoso accionar del Ministerio Público.

“El Ministerio Público debería haberlo hecho hace mucho tiempo: ejercer todas las medidas procesales de nuestro Código de Procedimiento Penal para que vayan y presten su declaración, para que empiece a haber resultados de todos los procesos que tiene la justicia boliviana y no descuidemos nunca los casos de Sacaba y Senkata”, manifestó.

Al presente, explicó que el proceso por el caso Golpe de Estado I, se encuentra a un paso de entrar en la etapa del juicio oral. Lo cual hace de Bolivia -según manifestó-, un país con una democracia basada en el respeto al pueblo.

Recordemos que el gobierno de facto aprobó el Decreto Supremo 4078 (Decreto de la Muerte), el 14 de noviembre del 2019, firmado por Jeanine Añez Chávez, Karen Longaric Rodríguez, Jerjes Enrique Justiniano Atalá, Arturo Carlos Murillo Prijic, Luis Fernando López Julio, José Luis Parada Rivero, Álvaro Rodrigo Guzmán Collao, Yerko Núñez Negrete, Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo, María Elva Pinckert de Paz, Mauricio Samuel Ordóñez Castillo y Roxana Lizárraga Vega, autorizando así a las Fuerzas Armadas, a ejecutar operaciones violentas contra la población civil bajo el pretexto de restablecer el orden público. Dicha norma eximía a los militares de cualquier responsabilidad penal.

Foto de Abad Miranda

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