El Alto, 20 de mayo de 2024. – La Central de Trabajadores de Bolivia (CTB) ha anunciado una serie de marchas y movilizaciones para este martes en diversas ciudades del país, en protesta contra el Decreto Supremo 4732 y un proyecto de ley que, según el dirigente Toño Siñani, perjudican a toda la población boliviana.
En La Paz, la concentración principal está programada para las 09:00 horas en las puertas de la Cervecería Boliviana Nacional, ubicada en la avenida troncal que conecta la ciudad con la autopista La Paz-El Alto. Los gremiales exigen la abrogación del Decreto Supremo 4732, vigente desde hace dos años, argumentando que este atenta contra sus bienes inmuebles al exigir que cualquier contrato no contenga cláusulas abusivas.
El Gobierno ha defendido este decreto, aclarando que fue implementado para frenar prácticas comerciales abusivas en contratos de preventa de bienes inmuebles. Gustavo Torrico, Viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, ha calificado las movilizaciones como un sabotaje y una conspiración contra el Gobierno. Torrico criticó duramente a Toño Siñani y a los medios de comunicación por cubrir estas protestas.
Además de la abrogación del decreto, los gremiales demandan la anulación del proyecto de ley para el fortalecimiento de la lucha contra el contrabando. Este proyecto, impulsado por el senador oficialista Félix Ajpi, introduce cambios en la Ley N° 2492 del Código Tributario Boliviano y en la Ley N° 1990, Ley General de Aduanas, permitiendo a la Aduana Nacional ingresar a las ferias para decomisar mercancías de contrabando.
Karina Serrudo, presidente de la Aduana, aclaró que este proyecto no fue consensuado con su despacho e instó a los sectores movilizados a buscar explicaciones con el asambleísta nacional. Ante ambos motivos, los gremiales hacen un llamado a toda la población a participar en las movilizaciones en rechazo a estas disposiciones legales que, según ellos, afectan negativamente a todos los bolivianos.
En respuesta a las protestas, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, señaló que el Decreto Supremo 4732, vigente desde hace dos años, tiene por objetivo prevenir cláusulas y prácticas comerciales abusivas. Alcón calificó los cuestionamientos como de carácter político, ya que el decreto está en vigencia desde junio de 2022 y está enfocado en proteger los derechos de usuarios y consumidores que demandan servicios inmobiliarios o bienes inmuebles.