Comisión de la ALP establece corrupción en empresas estatales y ratifican denuncias contra dos ministros y tres altos ejecutivos

La Paz. La Comisión Especial Mixta de Investigación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sobre los casos de corrupción y el manejo irregular de las empresas estratégicas del Estado, aprobó este lunes el informe ejecutivo y Resolución del informe final en el que confirman hechos de corrupción en la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) y Boliviana de Aviación (BoA).

En su séptima y última sesión, la comisión en la lectura de la resolución del informe final ratificaron que presentarán denuncia por incumplimiento de deberes ante la Fiscalía contra los ministros de Energía, Álvaro Rodrigo Guzmán, y de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora; el presidente de la de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), José Gastón; el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Richard Bothelo, y el gerente general de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), Eddy Luis Franco Nogales.

“Existe corrupción; por ejemplo hablando de Entel ha sido nacionalizada y nos manda una nota que es una empresa privada, ustedes saben que hay un procedimiento, un plan de trabajo” dijo la presidenta de esta comisión legislativa, Máxima Apaza, al señalar que a pesar de las conminatorias escritas realizadas desde mayo pasado a las distintas autoridades, existió una vulneración a la resolución emitida por la ALP, de acceso a la información directa.

En ese marco, Apaza dijo, también, que como legisladores y en protección de los recursos del Estado se presentará al pleno de la ALP, un proyecto de Ley de Protección de Empresas Estratégicas del Estado y Nacionalizadas, cuya finalidad es cuidar todas las acciones de las empresas que tiene el país y de esa manera impedir cualquier enajenación; además, esta norma exigirá al Órgano Ejecutivo, en caso de existir la necesidad de transferir, o, devolver acciones, la presentación de un informe técnico sustentado y auditado por la ALP sobre las posibles afectaciones al Estado.

Ese proyecto de ley declarará prioridad nacional el resguardo de las empresas estratégicas del Estado y las nacionalizadas, debiendo desde todos los órganos resguardar el paquete accionario de las mismas. Asimismo, prohibirá de manera expresa la transferencia o entrega de acciones, bajo cualquier modalidad a privados en desmedro de la economía nacional.

La legisladora recomendó que el trabajo de las comisiones deba continuar con las investigaciones en el caso de las empresas públicas con los nuevos asambleístas que vayan a ocupar curules en la ALP, ya que una de las principales funciones del Órgano Legislativo es fiscalizar los recursos del Estado.

La comisión fue conformada el 28 de mayo pasado, tras las denuncias de diversos casos de corrupción detectados en la administración del Gobierno transitorio, por irregularidades y malos manejos económicos en YPFB, BoA, ENDE y Entel; donde se denunciaron negociados, tráfico de influencias, pagos y cobros irregulares, además de uso indebido de bienes del Estado.

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