20 de abril de 2024. – Un exhaustivo análisis de las hojas de vida de los postulantes a candidatos y candidatas para las elecciones judiciales 2024 en Bolivia revela que el 84,2% de ellos tienen o tuvieron vínculos con la función pública. Esta cifra alarmante surge tras una revisión realizada por periodistas, quienes examinaron las hojas de vida de los 405 postulantes al Consejo de la Magistratura, al Tribunal Agroambiental, al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). De estos, 341 tienen historial como funcionarios públicos, y 330 de ellos presentaron declaraciones juradas entre abril de 2022 y abril de 2024.
Este hallazgo ha generado preocupación entre los llamados Juristas Independientes, quienes advierten sobre la posible falta de independencia judicial debido a las conexiones y preferencias con el gobierno actual. Critican la participación de servidores públicos gubernamentales en ejercicio, magistrados beneficiados con la prórroga, y postulantes con graves denuncias públicas, que podrían socavar la independencia judicial, crucial para un sistema de justicia imparcial y efectivo.
La elección judicial, según estos juristas, no resolverá los problemas de administración de justicia en Bolivia, especialmente dado que la preselección de candidatos depende del Órgano Legislativo, una entidad de naturaleza política partidaria.
El análisis revela que muchos postulantes ocupan o han ocupado cargos en ministerios, empresas estatales y otras entidades gubernamentales. Por ejemplo, algunos postulantes al Consejo de la Magistratura y al TSJ tienen vínculos con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Obras Públicas, y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, entre otros. La convocatoria pública establece requisitos comunes y específicos, siendo el requisito de ser funcionario público aplicable solo para el TCP.
Además, se identificaron numerosos postulantes que trabajan en el sistema universitario público y en el Órgano Electoral Plurinacional (OEP). Esto ha levantado preocupaciones sobre posibles conflictos de interés, especialmente en el caso de Tahuichi Tahuichi Quispe, vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que se postuló al Consejo de la Magistratura.
El análisis también revela que el grueso de los postulantes actualmente trabaja en el Órgano Judicial, lo que plantea interrogantes sobre la independencia y la imparcialidad del sistema judicial en Bolivia.
En base a la nota de Leny Chuquimia (Visión 360)
Imagen de ABECOR