La Paz, 15 de febrero de 2024. – La Cámara Nacional de Industrias (CNI), en colaboración con cámaras departamentales y apoyo empresarial a nivel nacional, presentó una propuesta de modificación al Código Penal de Bolivia, buscando la penalización de los bloqueos. La iniciativa tiene como objetivo salvaguardar la producción nacional, considerada esencial para la reactivación económica del país, mediante la protección de derechos constitucionales como la libertad de tránsito, la paz, la seguridad, el orden público y la preservación de los servicios públicos.
Entre los aspectos más destacados de la propuesta se encuentran la prevención de pérdidas económicas, la protección de derechos fundamentales afectados por bloqueos, y precisiones en el Código Penal para abordar diversas situaciones. La modificación propuesta afectaría los artículos 214, 293 y 358, incrementando las penas de privación de libertad de 4 a 8 años, además de la incorporación de nuevos artículos como el 213 Bis, 213 Ter, 213 Quater, 232 Bis y 358 Bis, que tipifican diversas formas de bloqueo con penas de 4 a 8 años, multas y la inhabilitación para cargos públicos y sindicales.
Durante la presentación, el presidente de la CNI, Pablo Camacho, destacó la grave interrupción que representan los bloqueos en el flujo de insumos, productos, servicios y personas, afectando a industrias, trabajadores y servicios de emergencia. Subrayó que los bloqueos tienen repercusiones negativas en la imagen y estabilidad del país, volviéndolo poco atractivo para la inversión nacional y extranjera.
El bloqueo nacional más reciente, que duró 15 días, generó pérdidas estimadas en $us 1.000 millones para las empresas, afectando el 2,26% del PIB, $us 171 millones en exportaciones industriales y $us 122 millones en importaciones industriales. Estas cifras causaron una desaceleración económica, interrupción de la cadena de suministro, aumento de costos logísticos y daño a la reputación empresarial y del país ante inversores.
La CNI también señaló la escasez de dólares, registrando un descenso del 89% de las Reservas Internacionales Netas hasta el 2023. Ante esta situación, instó al Gobierno a abordar esta problemática y propuso una coordinación público-privada centrada en liberalizar exportaciones, agilizar operaciones de registro sanitario, simplificar trámites en comercio exterior y modernizar el sistema tributario, el código laboral y la ley de inversiones.