22 de mayo de 2026 — La Universidad Pública de El Alto (UPEA), una institución nacida de las luchas sociales y el anhelo de superación del pueblo alteño, se encuentra hoy en el ojo de la tormenta. Lo que debió ser un faro de luz académica y transparencia parece haberse convertido, según graves denuncias, en el feudo de una red que negocia con el futuro de miles de estudiantes.
En un giro crucial para el destino de la universidad, la Contralora General del Estado, Sandra Quiroga, aceptó formalmente la realización de nuevas auditorías externas tras recibir en una audiencia de más de una hora al Comité de Defensa de la UPEA. La reunión destapó una olla de presión alimentada por presuntos malos manejos, extorsiones y una alarmante opacidad institucional.
Las evidencias sobre la mesa: El costo de la opacidad
Durante el encuentro, los representantes del Comité de Defensa presentaron documentación contundente que cuestiona la legalidad de los procesos internos de la universidad:
Convocatorias «fantasmas»: Se demostró que las convocatorias para postulantes a la docencia se están rigiendo bajo un «nuevo Estatuto de la UPEA» aprobado en el IV Congreso Interno. Sin embargo, dicho documento no ha sido publicado oficialmente, dejando a más de 10,000 aspirantes en la absoluta incertidumbre y compitiendo a ciegas, sin conocer las reglas del juego.
Cuentas particulares con fondos públicos: Una de las pruebas más alarmantes vincula la cuenta personal de Banco Unión Nº 10000055694729 con transacciones de dinero estatal proveniente de los cursos de posgrado. Este caso ya se encuentra en la etapa final de investigación dentro de una primera auditoría externa.
Un secreto a voces que cuesta vidas: El Comité denunció la existencia de una presunta estructura delictiva que operaría desde 2018, dividida en tres facciones que controlan desde el cobro ilegal por contratación de docentes y tráfico de títulos, hasta una red de extorsión y violencia física y psicológica. La denuncia es devastadora: se apunta a que, desde 2021, la violencia interna en la UPEA se ha cobrado 11 muertes.
Un llamado urgente a la reflexión colectiva
La intervención de la Contraloría —que ahora auditará la otorgación de títulos de posgrado, las contrataciones docentes de las gestiones 2025 y 2026, y la paralización injustificada de la titulación de más de 200 egresados— no es solo un procedimiento administrativo; es un síntoma de una crisis moral profunda.
¿Cómo puede una casa de estudios superiores formar a los profesionales del mañana si sus propios cimientos están bajo sospecha? La autonomía universitaria no puede seguir siendo utilizada como un escudo de impunidad para proteger a cúpulas dirigenciales, decanos o rectores señalados por dañar el patrimonio del Estado y truncar el esfuerzo de las familias alteñas.
La fiscalización ha comenzado. Ahora le toca a la comunidad universitaria y a la sociedad civil reflexionar y exigir que la UPEA vuelva a ser el orgullo de El Alto, y no el botín de unos pocos.
Contacto de Prensa / Comité de Defensa de la UPEA:
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