Familias afectadas acusan al Gobierno actual de constituirse en «violador de DD.HH. por omisión» al bloquear la reglamentación de la Ley de Reparación Integral y anular procesos clave. Se activa una Acción de Cumplimiento con audiencia fijada para este 20 de agosto.
CEPABOL/18/08/2026. Al cumplirse exactamente un lustro de la recepción del Informe Final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-CIDH), documento categórico que acreditó ejecuciones sumarias, masacres, torturas y gravísimas vulneraciones a los derechos humanos acaecidas durante el régimen de Jeanine Áñez, la representación de las Víctimas de Sacaba, Senkata, Pedregal y Exautoridades Electorales denuncia que la impunidad continúa imperando en el país.
Aquel 18 de agosto de 2021, congregados en la Iglesia de Senkata junto al sacerdote Gechi Revelin Pucho, los familiares acogieron el informe con la promesa formal de justicia. Sin embargo, a cinco años de dicho evento y a casi siete años de los trágicos sucesos de noviembre de 2019, la respuesta estatal se ha traducido en sistemático abandono, discriminación y revictimización.
Parálisis ejecutiva y vulneración por omisión
El pronunciamiento señala que, tras el incumplimiento de las 36 recomendaciones internacionales por parte de la administración de Luis Arce Catacora, el actual gobierno de Rodrigo Paz Pereira ha asumido una postura de «monumental tranca» institucional. En sus nueve meses de gestión, el Ejecutivo no ha procedido a la reglamentación de la Ley de Reparación Integral para las Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos, conducta que lo configura como violador de derechos humanos por omisión.
A este escenario se suma la anulación de los juzgamientos relativos a las masacres de Sacaba y Senkata, hecho que las organizaciones consideran un grave retroceso procesal y un precedente de encubrimiento histórico.
Cuestionamiento a organismos internacionales y vía constitucional
El colectivo extendió su denuncia pública a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), señalando a ambas entidades por adoptar conductas contrapuestas a la tutela efectiva de los afectados.
Ante la falta de respuesta del Órgano Ejecutivo, las víctimas han promovido las acciones jurisdiccionales correspondientes mediante una Acción de Cumplimiento en contra del gobierno de Rodrigo Paz Pereira. La demanda ha sido admitida formalmente por la Segunda Sala Constitucional de La Paz, tribunal que ha fijado la audiencia pública virtual para el jueves 20 de agosto a horas 14:00, instancia en la que se exigirá la restitución inmediata de los derechos conculcados.