A siete años de los hechos de violencia de noviembre de 2019, las víctimas siguen esperando verdad, justicia y reparación integral.
CEPABOL/3/11/26.- En el marco del Mes de la Memoria, Verdad y Justicia, establecido mediante el Decreto Supremo N.º 5255, de 23 de octubre de 2024, David Inca exigió al Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira cumplir con las disposiciones de esta normativa y desarrollar acciones concretas en reconocimiento a las víctimas de las graves vulneraciones de derechos humanos ocurridas durante el Golpe de Estado de 2019.
Inca, recordó que noviembre fue declarado oficialmente como el «Mes de la Memoria, Verdad y Justicia», con el propósito de reconocer a las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos registradas entre el último cuatrimestre de 2019 y el 7 de noviembre de 2020.
En ese contexto, manifestó su preocupación por la posibilidad de que la actual administración gubernamental no dé cumplimiento efectivo a esta disposición, particularmente considerando la posición política del presidente Rodrigo Paz frente a los acontecimientos y actores políticos de aquel periodo.
«Tenemos serias dudas de que el Gobierno de Rodrigo Paz vaya a cumplir con el Decreto Supremo 5255. Sin embargo, más allá de nuestras dudas, exigiremos que se respete y se cumpla lo establecido en esta normativa. La memoria de las víctimas no puede depender de la voluntad política de un gobierno de turno», sostuvo Inca.
Asimismo, recordó que los acontecimientos de 2019 estuvieron marcados por muertes, heridas ocasionadas por proyectiles de armas de fuego, detenciones arbitrarias, procesos judiciales cuestionados, torturas y graves vulneraciones de derechos fundamentales, hechos que requieren investigaciones independientes, identificación de responsables y reparación integral para las víctimas.
Como antecedente, el informe de seguimiento presentado por la Defensoría del Pueblo en noviembre de 2025 identificó 666 víctimas directas, 37 personas fallecidas y más de 100 heridas como resultado de los episodios de violencia de 2019. El mismo documento advirtió sobre las deficiencias en las investigaciones y el riesgo de impunidad en los casos de Senkata y Sacaba.
RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL Y RIESGO DE IMPUNIDAD
David Inca señaló que el cumplimiento de las políticas de memoria histórica y reconocimiento a las víctimas no debe convertirse en un acto protocolar ni limitarse a discursos conmemorativos. Por el contrario, debe traducirse en acciones institucionales, educativas y de sensibilización, acompañadas de medidas efectivas para garantizar verdad, justicia y reparación.
En ese sentido, demandó al Gobierno central, a la Gobernación del departamento de La Paz y al Gobierno Autónomo Municipal de El Alto asumir responsabilidades institucionales y desarrollar actividades de memoria histórica dentro del marco de sus respectivas competencias.
Advirtió que la ausencia de acciones institucionales, especialmente por parte de las entidades del Órgano Ejecutivo del nivel central, supondría un grave retroceso en los compromisos estatales de memoria y reconocimiento de las víctimas.
«Si las instituciones públicas incumplen sus obligaciones legales y permanecen indiferentes frente a las víctimas, estarán contribuyendo a perpetuar la impunidad. No se puede hablar de democracia, derechos humanos ni reconciliación nacional mientras las víctimas continúen esperando justicia», enfatizó.
Finalmente, Inca anunció que exigirá formalmente el cumplimiento del Decreto Supremo N.º 5255 y recordó que la memoria histórica constituye una obligación ética y un compromiso del Estado con las víctimas, sus familias y las futuras generaciones.
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