CEPABOL/01/06/2026 — En un giro definitivo que sepulta cualquier intento de tregua o mediación por parte del Ejecutivo, el corazón de la nación aymara ha tomado una decisión unánime. Este lunes 1 de junio de 2026, el ampliado de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Túpac Katari” y la Federación Departamental Única de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de La Paz «Bartolina Sisa» determinaron radicalizar e intensificar todas sus medidas de presión. La resolución colectiva establece una sola e inamovible condición para levantar las protestas: la renuncia inmediata del Presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira.
El encuentro, que comenzó a las 14:00 horas en las instalaciones del mercado campesino de Santa Rosa en El Alto, congregó a los secretarios generales de la “Tupac y a las máximas dirigentas provinciales «Bartolina Sisa». Tras un riguroso proceso de consulta con las bases de las 20 provincias del departamento de La Paz, las representaciones votaron al 100% por la asfixia de las rutas. Esta drástica determinación empuja a Bolivia hacia un escenario de ingobernabilidad, en un primer día de junio que ya amaneció registrando más de 90 puntos de bloqueo activos en todo el eje troncal del país.
Análisis Crítico y Contexto Político: La caída de un frente que se siente traicionado
La actual sublevación de las federaciones Túpac Katari y Bartolina Sisa no puede leerse como un conflicto aislado, sino como el estallido de un proceso de desilusión profunda. Hace apenas seis meses, Rodrigo Paz Pereira y su vicepresidente, Edmand Lara, asumían el mandato habiendo sido llevados en hombros por los ayllus y provincias aymaras. Hoy, esa misma base social e indígena protagoniza las mayores movilizaciones vistas en las últimas dos décadas, utilizando la misma fuerza organizativa que derrocó a Gonzalo Sánchez de Lozada en la «Guerra del Gas» del año 2003.
El detonante de esta fractura histórica combina un severo desencanto político con medidas económicas asfixiantes:
- El «Paquetazo» y la crisis de confianza: Sectores populares e indígenas acusan al mandatario de gobernar de espaldas a las promesas electorales de izquierda. La eliminación de la subvención a los carburantes (que disparó el precio del diésel en un 163% y la gasolina en un 86%), sumada a medidas de ajuste de corte liberal, la exención de impuestos a la riqueza y los intentos de ampliar la carga impositiva sobre los gremiales, han consolidado la narrativa de una «traición» al pueblo para favorecer a las élites económicas.
- Colapso económico de bolsillo: Con una inflación real galopante que ha erosionado el poder adquisitivo de las familias en más de un 30% y pérdidas acumuladas equivalentes al 4% del PIB solo en mayo por los conflictos, el desabastecimiento ya asoma en las principales ciudades de La Paz, El Alto y Cochabamba.
- La respuesta estatal y el callejón sin salida: Mientras el presidente Paz Pereira emite discursos pidiendo «paciencia» y asegurando que los efectos del sacrificio «darán frutos», la promulgación de leyes que autorizan la intervención militar en las protestas y la existencia de órdenes de aprehensión contra dirigentes sindicales solo han echado gasolina al fuego.
Ante el rechazo frontal de la Central Obrera Boliviana (COB) y las federaciones matrices a entablar mesas de diálogo con el Gobierno calificadas de estériles, el debate en la Asamblea Legislativa Plurinacional ha comenzado a virar con urgencia hacia la búsqueda de salidas constitucionales, barajándose propuestas de un referéndum revocatorio extraordinario de mandato para detener el colapso social.
La historia de Bolivia demuestra que cuando la nación aymara unifica sus 20 provincias bajo una consigna extrema, el margen de maniobra del Palacio de Gobierno se reduce a cero. Con el bloqueo de caminos radicalizado y las reservas económicas exhaustas, el gobierno de Rodrigo Paz encara una crisis de supervivencia política que él mismo precipitó al romper el pacto de confianza con sus bases originarias.
Foto: APC Bolivia