El Llamado al “desbloqueo” prepara un choque sangriento contra las naciones indígenas
CEPABOL/04/ 06/2026. – En un giro desesperado y de alto riesgo para la paz social, el presidente Rodrigo Paz Pereira ha lanzado un llamamiento abierto a la población civil para movilizarse junto a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional con el objetivo de «desbloquear el país». Esta convocatoria, que el mandatario presenta como una lucha entre una «visión de futuro» y una «visión del pasado», es denunciada por diversos sectores como una incitación directa al enfrentamiento fratricida y el preámbulo de una nueva escalada de violencia contra las naciones indígenas y sectores obreros que exigen su renuncia.
El llamamiento: ¿Defensa de la democracia o instigación al caos?
En un mensaje difundido recientemente, Paz (que luego fue retirado) instó a la sociedad boliviana a «ayudar a la acción humanitaria» y «acabar con los bloqueos», advirtiendo que «si el país no se mueve… aquellos que son del pasado» ganarán la contienda. Sin embargo, este discurso de «futuro» es analizado críticamente como una máscara para ocultar lo que expertos denominan una «dictadura jurídica», consolidada tras la abrogación de la Ley 1341 (Ley de Estados de Excepción), que eliminó los frenos democráticos al uso de la fuerza militar y el control legislativo sobre el Ejecutivo. Y la aprobación de otra mucha más represora
Identificación de los «grupos de choque» y grupos irregulares
Bajo el amparo de la retórica gubernamental, han emergido grupos que pretenden ejercer la violencia por mano propia. Entre los principales actores identificados en las fuentes como fuerzas de choque paraestatales o irregulares se encuentran:
- La «Resistencia Paceña»: Liderada por figuras como Juan José Zamorano Bocángel, este grupo ha lanzado un ultimátum de 48 horas al Ejecutivo para declarar el Estado de Excepción, advirtiendo que, de lo contrario, se organizarán para realizar «desbloqueos» y «aprehensiones por particulares» utilizando la fuerza.
- La Unión Juvenil Cruceñista (UJC): Calificada en las fuentes como el «brazo de choque paraestatal» del Comité Cívico pro Santa Cruz, este grupo es señalado por actualizar una «lógica colonial» que busca sofocar mediante la violencia la sublevación de los sujetos indígenas y populares.
- Plataformas de «Pititas» y Comités Cívicos: Grupos autoconvocados en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz que han retomado las calles para exigir «mano dura», alineándose con la estrategia gubernamental de criminalizar la protesta social.
Análisis del impacto: Una nación al borde del abismo
El enfrentamiento que se pretende propiciar no es una disputa técnica, sino una «dispositivo racializado» de control. Mientras el gobierno acusa a los movilizados de «delincuentes» y «narcotraficantes» (discurso respaldado por la alianza externa «Escudo de las Américas»), las naciones indígenas de la Amazonía, los Ponchos Rojos y la COB sostienen que su lucha es en defensa de la soberanía y contra leyes que mercantilizan la tierra, como la fallida Ley 1720.
La gravedad de la situación se refleja en el saldo trágico de al menos cinco decesos reportados hasta la fecha, atribuidos tanto a las dificultades de transporte médico por los bloqueos como a impactos de proyectil en enfrentamientos con fuerzas combinadas de policías, militares y civiles.
1. La Persecución Judicial como Estrategia de Estado
En el escenario de 2026, las fuentes denuncian un catálogo de «violencia estatal» que incluye la persecución judicial de las dirigencias sindicales.
- Dictadura Jurídica: La abrogación de la Ley 1341 se describe como un desmantelamiento de los frenos democráticos que permite al Ejecutivo «perseguir, confinar y encarcelar preventivamente a las dirigencias» sin control legislativo ni garantías de debido proceso.
- Criminalización: Se busca etiquetar la protesta como un acto delictivo o terrorista, desplazando la fuerza de «última ratio» a regla ordinaria de gobierno. Esto refleja un patrón donde la detención de líderes (como podría ser el caso de Apaza en otro contexto) se convierte en un mecanismo de descabezamiento de las organizaciones de base.
2. La «Resistencia Paceña» y el Derecho de «Aprehensión por Particulares»
Uno de los puntos de mayor fricción es el surgimiento de grupos civiles que asumen funciones policiales.
- Ultimátum y Fuerza: La denominada «Resistencia Paceña», liderada por Juan José Zamorano Bocángel, que al parecer hace su aparición agrediendo a los familiares del presidente de la Federación de Juntas Vecinales que fue detenido por la policia.
- Acciones Irregulares: Este grupo ha amenazado explícitamente con organizarse para realizar «desbloqueos» y ejecutar la «aprehensión por particulares» utilizando la fuerza si el Ejecutivo no actúa. Este tipo de acciones suelen derivar en enfrentamientos directos entre ciudadanos, donde los familiares de los detenidos y los movilizados quedan expuestos a la violencia de grupos que no responden a una cadena de mando oficial.
- El gobierno equipando a grupos de choque irregulares se ha conocido extraoridialmente sobre la compra de cascos blancos para identificar a los grupos para estatales, la construcción de escudos fabricados en base a turriles.
3. Fuerzas Paraestatales y Grupos de Choque
Las fuentes identifican claramente a grupos que operan como brazos de choque en favor de las élites o del orden gubernamental:
- Unión Juvenil Cruceñista (UJC): Definida como un «brazo de choque paraestatal» y racista que presiona por «mano dura» y la aplicación de Estados de Sitio.
- Incitación desde el Poder: El propio presidente Rodrigo Paz ha llamado a la sociedad civil a «movilizarse junto a nuestras fuerzas armadas y policía» para desbloquear el país. Analistas críticos ven en esto una delegación del monopolio de la fuerza en grupos irregulares, lo que prepara el terreno para un enfrentamiento racializado entre la «visión de futuro» urbana y la resistencia de las naciones indígenas y sectores populares.
- Los mismos actores del golpe de estado de 2020 en este conflicto se evidencia que los mismos actores del golpe de estado de Yanine Añez son los que ahora están entrando en acción con la protección estatal de grupos irregulares de choque
4. El Impacto en los Familiares y el Tejido Social
El parangón se completa con la respuesta de los sectores movilizados. Ante la detención de líderes y la amenaza de grupos como la «Resistencia Paceña», las fuentes mencionan que:
- Mientras el presidente Rodrigo Paz llama a la pacificación y al dialogo con los sectores en protesta, la fiscalía realiza la detención de Justino Apaza de la FEJUVE y se conoce la agresión a la Presidenta de Derechos Humanos de Provincia Rosalia Churqui.
- Las mujeres indígenas y populares (familiares y bases) asumen la dirección política de la resistencia y el cuidado de los heridos, quedando vulnerables a la violencia política y sexual en contextos de militarización territorial.
- El saldo de estos enfrentamientos ya ha cobrado víctimas, como el caso de un joven fallecido por impacto de proyectil durante operativos para habilitar corredores en Vilaque.
Al convocar a la ciudadanía a «ayudar» a las fuerzas de seguridad, Rodrigo Paz está delegando el monopolio de la fuerza en grupos irregulares, lo que podría derivar en masacres de Estado con impunidad jurídica previa. La historia de Bolivia enseña que cuando un gobierno llama a civiles a enfrentar a otros ciudadanos bajo consignas de «orden», el resultado es la erosión irreversible del tejido social y la violación sistemática de los derechos humanos. El país no se encamina hacia una «visión de futuro», sino hacia una reedición de sus horas más oscuras. DTB
FOTO: La Voz de Tarija
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