Un caso emblemático de vulneración a los derechos de las personas adultas mayores se registró en la zona de las Lagunas, en la ciudad de El Alto. Valentina Moya, una anciana de 68 años, fue despojada de su hogar por sus hijas, quienes cambiaron las llaves del domicilio y la impidieron entrar.
Desde hace un año y tres meses, Valentina Moya ha tenido que sobrevivir en la calle o alojarse en casas de personas solidarias. Sus hijas pretenden apropiarse de la única vivienda que posee para pasar sus últimos días. La señora Valentina se dedica a confeccionar y vender corpiños y chompas para subsistir, pero la crisis económica ha mermado su capacidad de obtener ingresos suficientes, incluso con la renta dignidad que recibe.
De acuerdo con el Viceministerio del Adulto Mayor, el 61% de las denuncias presentadas por adultos mayores son relacionadas con afectaciones al derecho a la propiedad privada. Esto refleja el alto grado de vulnerabilidad que enfrenta esta población. Además, el derecho a una vejez digna es el más denunciado, con 2.232 casos registrados a nivel nacional, seguido por afectaciones al derecho a la propiedad privada (1.452 quejas) y garantías del debido proceso (1.097 casos).
En muchos casos, los adultos mayores son víctimas de abusos por parte de familiares que aprovechan su situación vulnerable para despojarlos de sus bienes. A pesar de que acuden a instancias judiciales para reclamar sus derechos, no siempre reciben respuestas adecuadas o son escuchados.
El artículo 67 de la Constitución Política del Estado establece que todas las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana. Asimismo, prohíbe y sanciona toda forma de maltrato, violencia y discriminación en contra de ellas.