El Alto, 10 de diciembre de 2024. – La inscripción de militantes para el Movimiento de Renovación Nacional (Morena), liderado por la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, ha generado controversia tras denuncias que señalan la utilización de métodos cuestionables.
Según informantes, algunas mesas habilitadas para este propósito estarían disfrazadas como puntos de ayuda a la población o empresas encuestadoras, ofreciendo incentivos como tarjetas telefónicas de Bs 10 y productos básicos como bolsas de arroz y azúcar. Estas mesas cuentan con laptops para realizar registros digitales de los militantes, lo que ha despertado críticas por la presunta captura de datos personales bajo pretextos engañosos.
Respuesta del municipio alteño
En respuesta a estas denuncias, voceros municipales, Rudy Balladares y Beatriz Zegarrundo, negaron en conferencia de prensa cualquier irregularidad. Aseguraron que las acusaciones no provienen de funcionarios municipales legítimos y afirmaron que las personas que hicieron la denuncia ocultaron sus rostros.
“Estos señores no son funcionarios públicos, para empezar, ocultan su rostro ante ustedes”, declaró Zegarrundo. Además, desestimó las acusaciones argumentando que los verdaderos empleados no insultarían a la institución.
Por su parte, Balladares anunció acciones legales contra Joassi Calamani, exsubalcalde y presunto impulsor de las denuncias, acusándolo de actuar como activista político de Unidad Nacional (UN), el partido liderado por Samuel Doria Medina.
“Estas personas deben responder ante la justicia. Han cometido un delito al dañar la imagen de la Alcaldía”, afirmó Zegarrundo, quien insistió en la necesidad de defender la reputación del municipio alteño.
Contexto político
Las denuncias surgen en medio de cuestionamientos más amplios sobre el rol de los funcionarios públicos en la consolidación de Morena. Un grupo de trabajadores municipales denunció recientemente descuentos salariales y presiones laborales para registrar militantes, algo que el municipio ha desmentido categóricamente.
Este conflicto pone en el centro del debate el uso de recursos públicos en actividades políticas y refleja el clima de polarización en El Alto.