La organización vecinal exige a la Fiscalía investigar a Carlos Condori, Efraín Chambi y a grupos que, según denuncias del Comité de Defensa UPEA, estarían involucrados en cobros irregulares, presuntas falsificaciones, amenazas y otros hechos.
CEPABOL/21/11/26.- La Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de El Alto se declaró en estado de emergencia y otorgó un plazo de 72 horas a las autoridades del Estado para pronunciarse e impulsar investigaciones sobre una serie de denuncias de presunta corrupción en la Universidad Pública de El Alto (UPEA), que involucran al rector Carlos Condori, al vicerrector Efraín Chambi y a grupos cuestionados al interior de la institución.
La determinación fue asumida en un ampliado de dirigentes vecinales y anunciada en conferencia de prensa por el dirigente de FEJUVE, Miguel Sanjinez, quien informó que la resolución exige a la Fiscalía General del Estado investigar presuntos delitos de falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, corrupción y amenazas, en el marco de la Constitución Política del Estado, las leyes anticorrupción, la Ley 341 de Participación y Control Social y el Código Penal.
Denuncian cobros irregulares y presuntas irregularidades académicas
Entre las denuncias expuestas, FEJUVE cuestionó presuntos cobros de 150 bolivianos a estudiantes de la UPEA, sin una justificación clara. “Mi hijo también estudia en UPEA y qué otros cobros se harán, están dando títulos falsos”, manifestó el dirigente Miguel Sanjinez, al expresar su preocupación por la situación que atravesaría la universidad alteña.
Por su parte, el Comité de Defensa UPEA, que afirma ejercer labores de Control Social en el marco de la Ley 341, sostiene que ha documentado decenas de casos y realizado gestiones ante la Contraloría General del Estado, el Viceministerio de Transparencia, el Ministerio de Educación, la Presidencia y Vicepresidencia del Estado, la Defensoría del Pueblo, el CEUB, la CUD, delegados al Congreso de la Universidad Boliviana realizado en Cobija en 2026 y organizaciones sociales de El Alto, entre otras instancias.
Según el comité, se presentaron tres solicitudes de auditoría ante la Contraloría y se obtuvieron tres informes iniciales, mientras que una solicitud de investigación dirigida al Viceministerio de Transparencia habría sido rechazada.
Denuncian pagos para ingresar, mantenerse en la docencia y obtener beneficios
El primer rector de la UPEA, Edgar Ramos Andrade, denunció la existencia de presuntos cobros ilegales a estudiantes de cursos preuniversitarios habilitados para ingresar a la institución, así como pagos que, según su declaración, alcanzarían un promedio de 7.000 bolivianos para docentes que buscan conservar sus puestos de trabajo.
Asimismo, cuestionó el despido de cientos de docentes que habrían iniciado procesos judiciales, señalando que algunos de estos casos fueron anulados por juzgados laborales y fiscalías. También sostuvo que existirían presuntos pagos irregulares a funcionarios policiales, fiscales, jueces, vocales y magistrados, extremos que deberán ser investigados y corroborados por las instancias competentes.
Ramos Andrade agregó que la Contraloría habría verificado depósitos relacionados con cursos de posgrado efectuados mediante cuentas bancarias privadas.
Acusan a grupos de ejercer violencia y amedrentamiento
Otra de las denuncias expuestas apunta a la presunta actuación de grupos conformados por estudiantes becarios de 37 carreras, dirigentes y autoridades, a quienes el Comité de Defensa UPEA atribuye actos de violencia, amedrentamiento y represalias contra estudiantes y docentes que expresan críticas o denuncias.
Ramos Andrade aseguró que existen testimonios sobre agresiones físicas y hechos de extrema violencia. “El Comité Defensa UPEA tiene testimonios de estudiantes que tienen la lengua cortada”, afirmó, al referirse a las denuncias que, según indicó, fueron recopiladas por esa organización.
También denunció que cientos de egresados enfrentarían dificultades para obtener sus títulos profesionales y presentar solicitudes formales ante las direcciones de carrera, debido a presuntos vetos y abusos de poder.
Acusan de recaudación de un millón de bolivianos mensuales y prórroga de mandato
Ramos Andrade afirmó que, desde 2018, Carlos Condori, Efraín Chambi y los grupos que denuncia estarían recaudando aproximadamente un millón de bolivianos mensuales, recursos que, según su acusación, no ingresarían al Tesoro Universitario.
Finalmente, cuestionó la falta de pronunciamiento de las máximas autoridades universitarias frente a asuntos nacionales y regionales, y denunció que el rector y el vicerrector habrían prolongado sus mandatos mediante un denominado “Año de gracia”, aprobado en un Congreso Interno de la UPEA realizado en Coroico.
Según el denunciante, las resoluciones de dicho congreso y el Estatuto Orgánico no habrían sido publicados, situación que, afirma, habría sido observada por la Contraloría.
La FEJUVE de El Alto espera que, dentro del plazo de 72 horas, las autoridades estatales respondan a las demandas y adopten medidas para esclarecer las denuncias, establecer responsabilidades y garantizar la transparencia, la institucionalidad y los derechos de la comunidad universitaria.
(*) Edgar Ramos Andrade, escritor decolonial, primer rector de la UPEA y autor del libro “UPEA Épica Social”.
- Comité de Defensa y Control Social de la UPEA
- fundado el 11 de noviembre del año 2.000
- Contactos:
- 71539769 Dr. Uriki David Ticona, Presidente
- 75801838 Lic. Edgar Ramos Andrade, Coordinador General
