Entre la conflictividad social, la responsabilidad Municipal y el derecho a un Medio Ambiente Sano.
La acumulación de basura en calles, avenidas, mercados y espacios públicos de la ciudad de El Alto evidencia una problemática ambiental que afecta directamente el derecho colectivo a un medio ambiente sano reconocido por el artículo 33 de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece que las personas tienen derecho a un ambiente saludable, protegido y equilibrado. Asimismo, el artículo 302.I.27. de la Constitución atribuye a los gobiernos autónomos municipales competencias relacionadas con el aseo urbano, manejo y tratamiento de residuos solidos, los servicios públicos y el saneamiento urbano. Las fotografías presentadas muestran contenedores desbordados y residuos sólidos dispersos en espacios de circulación peatonal y vehicular, situación que no solo genera contaminación visual, sino que también representa un riesgo para la salud pública. Si bien los bloqueos de caminos, el desabastecimiento de combustible y las tensiones sociales han dificultado la recolección y transporte de residuos hacia el relleno sanitario de Villa Ingenio, la magnitud de la acumulación revela la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta frente a emergencias que afectan la continuidad del servicio de aseo urbano.
Desde una perspectiva crítica, la problemática no puede explicarse únicamente por factores externos derivados de la coyuntura política y social. La Ley N.º 755 de Gestión Integral de Residuos, en su artículo 41, establece que los gobiernos autónomos municipales tienen la responsabilidad de reglamentar, planificar, ejecutar y garantizar la gestión integral de residuos dentro de su jurisdicción. Del mismo modo, el artículo 34. I. de la misma ley dispone que la gestión operativa de residuos municipales forma parte de los servicios de aseo urbano y saneamiento básico. En consecuencia, la falta de coordinación entre el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, la empresa operadora del servicio (TREBOL S.A.), comunidades y las organizaciones sociales demuestra una debilidad en la gobernanza ambiental local. Aunque la empresa continúe realizando labores de limpieza diaria, la insuficiencia de combustible, las restricciones de circulación y la ausencia de acuerdos institucionales han impedido una respuesta eficiente, generando una afectación progresiva a la calidad ambiental urbana y al bienestar de la población.
Desde el ámbito jurídico-ambiental, la situación también debe analizarse a la luz de la Ley N.º 1333 de Medio Ambiente, cuyo artículo 1 establece que la protección y conservación del medio ambiente constituye un objetivo del Estado, mientras que el artículo 5 numeral 1 dispone que las políticas ambientales deben orientarse a preservar y mejorar la calidad ambiental en áreas urbanas y rurales. Por ello, la crisis de residuos en El Alto exige la implementación de medidas inmediatas y estructurales, entre ellas la elaboración de un plan municipal de contingencia para la gestión de residuos en escenarios de conflictividad social, la creación de reservas estratégicas de combustible destinadas a servicios esenciales, la habilitación de corredores para el tránsito de vehículos recolectores y la coordinación permanente con organizaciones vecinales, comerciantes y sectores movilizados. Asimismo, resulta indispensable fortalecer la educación ambiental ciudadana y los sistemas de monitoreo municipal para prevenir futuras emergencias. Estas acciones permitirían cumplir con las obligaciones establecidas por la normativa ambiental boliviana y garantizar el ejercicio efectivo del derecho constitucional a vivir en un medio ambiente sano, equilibrado y adecuado para las presentes y futuras generaciones.
por: Lenin Pomari Rodriguez
foto: Radio Global