CEPABOL/20/06/2026 – La entrega de un informe de auditoría calificado como «tibio» por el Comité de Defensa de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) ha desatado una nueva ola de críticas contra la administración actual. La publicación del documento por parte de la Contraloría General del Estado (CGE) ocurre poco después de que el rector, Carlos Condori Titirico, otorgara el Doctorado Honoris Causa al presidente Rodrigo Paz, un gesto que sectores críticos interpretan como una maniobra para mitigar los resultados de las investigaciones por corrupción.
La UPEA, una institución nacida tras décadas de lucha social y movilizaciones populares en las calles de El Alto, enfrenta hoy cuestionamientos que reviven episodios de crisis administrativa similares a los ocurridos en sus primeros años de autonomía.
Cuentas particulares y recaudaciones ilegales
El informe de la CGE confirma que, durante la gestión 2025, se permitió el cobro de más de Bs 200.000 para cursos de posgrado a través de una cuenta bancaria particular a nombre de L.V., en lugar de utilizar las cuentas oficiales del tesoro institucional. Según la auditoría, este manejo contraviene la Resolución Suprema 218056 de 1997.
Aunque los directores de Posgrado, Richard Jorge Torrez Juaniquina, y de Administración Financiera (DAF), Francisco Quispe Roque, autorizaron estos movimientos e incluso aceptaron traspasos posteriores a la cuenta institucional, el informe ha sido criticado por no profundizar en la responsabilidad de estas autoridades, limitándose a señalar una «responsabilidad a la función pública» de la titular de la cuenta.
Incertidumbre jurídica por el Estatuto Orgánico
Otro punto crítico del informe señala la falta de transparencia respecto al Estatuto Orgánico aprobado en el IV Congreso de la universidad. La Contraloría advirtió que no existe evidencia de que este documento fuera de conocimiento de la comunidad universitaria, a pesar de que fue utilizado como base legal en las convocatorias docentes de 2025 y 2026.
Esta irregularidad habría perjudicado a miles de postulantes en las 37 carreras de la institución. Históricamente, la UPEA ha luchado por consolidar su institucionalidad desde su creación mediante la Ley 2115, buscando siempre el ejercicio pleno de su autonomía y el cogobierno paritario.
Despidos y fallos incumplidos
La CGE también se pronunció sobre el despido del dirigente Anastacio Huanca, señalando que el incumplimiento de sentencias constitucionales (699/2022 y 22/2023-O) podría derivar en responsabilidades penales y civiles. Este tipo de conflictos internos no son ajenos a la historia de la UPEA, que en el pasado ha procesado a autoridades por vulnerar la autonomía y la administración universitaria.
Entrega bajo presión
El informe, que debió presentarse el pasado 15 de mayo, fue finalmente emitido tras un requerimiento específico del Defensor del Pueblo e intermediación parlamentaria. Mientras la comunidad universitaria procesa estos hallazgos, la Contraloría mantiene otros dos informes en desarrollo que podrían arrojar más luz sobre la gestión financiera de la universidad alteña.
En mayo de 2026, la Contraloría aceptó realizar nuevas auditorías externas para investigar denuncias de corrupción, extorsión y opacidad institucional dentro de la casa de estudios alteña.
El historial de fiscalización abarca varios hitos clave:Nuevas Auditorías (2026): En mayo, tras una audiencia con el Comité de Defensa de la UPEA, la Contraloría General del Estado autorizó una auditoría profunda a raíz de graves denuncias de corrupción, lo que marca un punto de inflexión en la fiscalización de los recursos de la universidad.
Convenios Institucionales (2021): Ambas instituciones firmaron convenios orientados a la implementación de programas de postgrado y a mejorar la planificación administrativa y el uso responsable de los recursos.
Según el periodico Opinion, (02 de julio de 2018). «Una auditoría realizada en 2014 por la Contraloría General del Estado a la Universidad Pública de El Alto (UPEA) identificó 35 irregularidades, entre ellas, fondos de avance desembolsados sin descargo, venta de valores utilizados en gastos varios, anticipos otorgados en bienes y servicios que no fueron recuperados, incorrecta supervisión y ejecución de obras, falta de evidencia documental en la otorgación de becas, comprobantes de contabilidad sin suficiente respaldo, informaron fuentes institucionales.
El ministro de Economía, Mario Guillén, dijo el sábado que se hizo conocer todas esas observaciones a las autoridades de la UPEA, en la reunión que se desarrolló en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
«Quedamos en que vamos a seguir en el diálogo, pero todo debate en el ámbito económico tiene que ser con auditorías, porque nos preocupan las observaciones que ha tenido la Contraloría en 2014», dijo Guillén.
Guillén remarcó que esas observaciones preocupan tomando en cuenta que muchas de ellas no fueron subsanadas; además, dijo que se debe analizar lo que pasó con las auditorías internas de 2015, 2016 y 2017.
A su juicio, auditar las gestiones anteriores para transparentar el uso de los recursos económicos en la UPEA es la única forma de seguir asignando más dinero a esa universidad.
Desde abril, la UPEA se moviliza en las calles de El Alto y La Paz demandando la modificación de la Ley 195, de Coparticipación Tributaria, para obtener un mayor presupuesto.
Tras un acercamiento y después de establecer acuerdos iniciales con la UPEA, el Gobierno promulgó una ley que adiciona 70 millones de bolivianos al presupuesto anual de esa casa de estudios superiores.»