La creciente conflictividad social en Bolivia revela una tensión directa entre la gestión de Rodrigo Paz y las demandas históricas de los pueblos indígenas. Las marchas que arribaron a La Paz tras 25 días de caminata exigen respeto territorial y denuncian políticas que consideran regresivas. Paralelamente, la aprobación de la Ley 1720 ha detonado un nuevo conflicto nacional por su impacto en la clasificación y uso de la tierra, núcleo del derecho colectivo indígena.
Este medio, ha identificado varias acciones de parte del gobierno, percibidas contrarias a los intereses de los pueblos ancestrales en Bolivia:
- Modificación de la clasificación de tierras sin consulta previa.
- Desatención de demandas territoriales tras una marcha indígena histórica.
- Escalada de protestas indígenas sin mecanismos efectivos de diálogo.
- Alta conflictividad registrada sin respuesta institucional estructural.
- Falta de participación indígena en decisiones de política económica.
- Presiones derivadas de reformas agrarias percibidas como regresivas.
- Ausencia de garantías frente a expansión de usos extractivos del territorio.
- Escasa interlocución con organizaciones indígenas.
- Respuestas reactivas en lugar de políticas de prevención de conflicto.
- Simultaneidad de protestas indígenas junto a otros sectores, indicando pérdida de confianza multisectorial.
- Permisividad minera, falta de acciones para frenar la minería en municipios declarados «libres de minería» como Palos Blancos.
- Inseguridad territorial, ausencia de garantías jurídicas sobre territorios ancestrales reivindicados por décadas.
- Negativa a la derogación de leyes.
- Agenda extractivista, continuidad de una política que prioriza el sector minero estatal y privado sobre los derechos indígenas.
- Mantenimiento de autoridades cuestionadas:
- Rechazo a revisar las funciones de autoridades mineras (AJAM) criticadas por las comunidades.
- Crisis de combustibles, falta de soluciones efectivas que golpea la economía y transporte de comunidades rurales.
- Falta de titulación y dilación en la entrega de títulos ejecutoriales de tierras comunitarias (TCO).
- Afectación amazónica, la omisión ante la contaminación y padecimiento de pueblos en el norte de La Paz.
Foto: Una Palabra