CEPABOL/19/05/2026.-En inmediaciones del teleférico Rojo de la ciudad de El Alto, la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz «Tupac Katari» llevó adelante un ampliado de emergencia que derivó en la decisión de radicalizar las movilizaciones hasta lograr la renuncia del presidente del país.
La dirigencia campesina sostuvo que la actual administración atraviesa una crisis de legitimidad marcada por la conflictividad social, el uso excesivo de la fuerza y la criminalización de las protestas. En ese marco, los delegados reafirmaron su postura: “No levantaremos ninguna medida mientras continúe la persecución contra el movimiento indígena y campesino”.
Rechazo a detenciones por portar una q’orawa
Uno de los puntos más sensibles del ampliado fue la exigencia de liberación inmediata de los detenidos por portar una q’orawa, elemento tradicional de autodefensa e identidad cultural de la nación aymara. Los campesinos denunciaron que estas aprehensiones constituyen una criminalización de la vestimenta y símbolos ancestrales, vulnerando derechos constitucionales y el reconocimiento de la diversidad cultural.
Alianza con el sector minero y denuncia de persecución política
En el encuentro también se ratificó la alianza estratégica con el sector minero, señalando que las órdenes de aprehensión emitidas contra dirigentes de organizaciones sociales buscan desarticular las demandas estructurales que cuestionan lo que califican como una “política entreguista” del gobierno de Rodrigo Paz.
Los asistentes advirtieron que, si continúa la persecución contra liderazgos campesinos, mineros e indígenas, las movilizaciones podrían escalar a un paro departamental indefinido.
Rechazo al Honoris Causa otorgado en la UPEA
Otro punto que generó fuerte indignación fue la reciente decisión de la Universidad Pública de El Alto de otorgar el título de Doctor Honoris Causa al presidente Paz. El ampliado calificó este reconocimiento como una “afrenta al pueblo alteño” y exigió la renuncia inmediata del rector Carlos Condori Tititirico y del vicerrector Efraín Chambi Vargas, acusándolos de haber puesto a la institución al servicio del gobierno.
Foto: El Deber