*Tata Dr. Uriki David Ticona
CEPABOL/6/3/26.- La detención y encarcelamiento de aproximadamente cincuenta ciudadanos aymaras tras los hechos ocurridos después de la caída de un avión en la ciudad de El Alto ha encendido una seria preocupación jurídica, ética y social. No apoderamiento ilegitimo o robo como exige el código penal.
Cuando la ley se aplica con desigual intensidad
El derecho penal boliviano se rige por un principio fundamental: nadie puede ser castigado por una conducta que la ley no define claramente como delito. Este principio está reconocido en la Constitución Política del Estado de Bolivia y en el Código Penal de Bolivia, además de formar parte del sistema internacional de derechos humanos.
Sin embargo, en este caso se observa una paradoja alarmante:
personas que recogieron billetes esparcidos tras un accidente —en medio del caos y la confusión— han sido detenidas y encarceladas con una rapidez que raramente se observa cuando se trata de corrupción, desfalcos millonarios o delitos de poder.
La pregunta es inevitable:
¿por qué la justicia actúa con tanta velocidad cuando se trata de ciudadanos pobres, pero con tanta lentitud cuando se trata de delitos estructurales?
Una conducta que podría no constituir delito
Desde una perspectiva estrictamente jurídica, la conducta de recoger objetos dispersos tras un accidente no encaja de manera clara en tipos penales como robo o hurto, los cuales exigen elementos específicos como violencia, clandestinidad o apoderamiento ilegítimo claramente demostrable.
Si estos elementos no existen, la conducta podría considerarse atípica, es decir, no constituye delito penal. El derecho penal no puede basarse en la indignación pública ni en la presión mediática. Debe basarse en tipos penales claros y en pruebas concretas.
El riesgo de la criminalización colectiva
Lo que resulta especialmente preocupante es el racismo y criminalización colectiva de ciudadanos indígenas y de sectores populares, transformados rápidamente en culpables ante la opinión pública.
Si este caso se convierte en un ejemplo de justicia ejemplarizante dirigida contra los sectores más vulnerables, el mensaje que se transmite es profundamente peligroso:
que el derecho penal puede utilizarse para castigar selectivamente a ciertos grupos sociales.
Una justicia que debe mirarse al espejo
Bolivia enfrenta problemas estructurales graves: corrupción, redes criminales, delitos económicos que afectan a miles de ciudadanos. Sin embargo, muchos de esos casos permanecen años sin sentencia.
Frente a esa realidad, el encarcelamiento inmediato de decenas de personas por un hecho ocurrido tras un accidente plantea una pregunta incómoda pero necesaria:
¿Estamos ante un acto de justicia o ante un acto de demostración de poder contra quienes menos pueden defenderse?
Un llamado a la conciencia pública
La justicia no debe ser una reacción emocional ni una respuesta para calmar la indignación del momento. La justicia debe ser rigurosa, imparcial y proporcional.
Hoy hay cincuenta personas privadas de libertad. Cincuenta familias afectadas.
Cincuenta ciudadanos cuya situación jurídica merece un análisis serio y no una condena anticipada. Este caso no solo interpela a jueces y fiscales. Interpela a toda la sociedad.
Porque cuando el derecho penal se aplica con una dureza extraordinaria contra los más débiles, mientras los delitos más poderosos permanecen en la sombra, no estamos frente a un triunfo de la justicia, sino frente a una advertencia sobre sus desequilibrios.
*Tata Dr. Uriki David Ticona es: abogado, periodista, filosofo aymara, yatiri amawta. Gestor, proyectista y fundador de la Universidad Pública de El Alto, UPEA.(1989 – 2000) Actual Rector de la Universidad indígena Amawtica del Qullasuyu UQA. CEL. 71539769