Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, MSc. César Adalid Siles Bazán, ejerciendo como Jefe de la Delegación Boliviana de alto nivel, expuso los avances y compromisos del país en materia de derechos humanos, muchos de los cuales responden las recomendaciones que recibió el Estado en el marco de su anterior Examen el año 2019; reafirmando el respeto a la soberanía, la democracia y el Estado de Derecho más los mandatos emergentes de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.
La delegación destacó que Bolivia, en su año del Bicentenario cumple y aplica principios democráticos de libertad e igualdad, según su Constitución Política del Estado. Subrayó que el Gobierno nacional, liderado por el Presidente Luis Arce y el Vicepresidente David Choquehuanca, fue elegido con el 55% de los votos en 2020, consolidando la institucionalidad democrática del país y permitiendo afianzar la promoción y difusión de los derechos humanos.
Uno de los principales logros resaltados, en materia de derechos humanos, fue la creación y consolidación de la Comisión para la Presentación de Informes de Estado y para Desapariciones Forzadas (CPIE), mediante Decreto Supremo N° 4816 en octubre de 2022. Esta Comisión ha trabajado con diversas instancias del Estado y la sociedad civil, logrando la actualización y ampliación del sistema «SIPLUS» como herramienta clave para la gestión, seguimiento y cumplimiento de recomendaciones internacionales en derechos humanos.
Bolivia ha ratificado y adoptado importantes tratados internacionales, incluyendo el Protocolo 2014 de la OIT sobre el Convenio 29 y el Convenio 169, asegurando su incorporación en el bloque de constitucionalidad. Además, ha cumplido con todos los Informes a Órganos de Tratado: Informe Segundo al Cuarto al CRPD, así como informes de seguimiento de recomendaciones al CED, CAT, CESCR y CEDAW. A la fecha no tiene informes pendientes.
En cuanto al sufragio y observación internacional, ha mantenido una apertura constante con organismos internacionales, recibiendo visitas clave como de la Misión Técnica Temporal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en los años 2019 y 2021, del Relator Especial para la Independencia de Magistrados y Abogados en 2021, la Visita In Loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en marzo de 2023 y, la Tercera Visita del Subcomité para la Prevención de la Tortura realizada en diciembre de 2024. Asimismo, se ha fortalecido el seguimiento a las 36 recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia (GIEI-Bolivia), entre las cuales destaca, la aprobación inédita y sin precedentes históricos de la Política Plurinacional de Reparación Integral a Víctimas de Graves Violaciones de Derechos Humanos.
En materia de Acceso a la Justicia, se informó que, de acuerdo a información del Tribunal Supremo de Justicia, en la gestión 2020, se realizaron 2.293 audiencias para agilizar causas penales durante las Jornadas de Descongestionamiento y se cerraron 707.698 casos. Además, el año 2022, se refuncionalizaron 35 Tribunales de Sentencia Penal con 105 jueces, se crearon 240 nuevos Juzgados y se habilitaron plataformas de Atención al Público. De 2018 a 2023, se institucionalizó el 98% de jueces en la jurisdicción ordinaria y agroambiental y, el 39% de los fiscales de materia.
Por otro lado, resaltó que el pasado 15 de diciembre de 2024, se realizaron satisfactoriamente las elecciones de las Máximas Autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, con una participación masiva ciudadana del 82%; y a diferencia de elecciones anteriores (2011 y 2017), los votos válidos alcanzaron el 64,29% frente a un 35,71% de votos nulos y blancos, consolidando la independencia del Órgano Judicial. El año 2024 también se seleccionó y designó al nuevo Fiscal General del Estado.
En la Lucha Contra la Corrupción, se ha implementado la Política Plurinacional de Lucha Contra la Corrupción y el Observatorio Ciudadano de Transparencia, promoviendo una gestión pública digitalizada y eficiente. Además, el Sistema de Gestión de Denuncias por Posibles Hechos de Corrupción del Sistema de Información de Transparencia, Prevención y Lucha Contra la Corrupción (SITPRECO – “S2+”) en 364 Unidades de Transparencia y el Ente Rector, como plataforma de fácil acceso para la presentación y gestión de denuncias de corrupción, garantizando la reserva de identidad del denunciante. Durante la gestión 2023, se atendieron 163 casos de posibles hechos de corrupción: 47 casos con recomendación de inicio de procesos administrativos; 41 remitidos a unidades de auditoría interna para la determinación de responsabilidad civil; 13 con recomendación de medidas correctivas; 11 con recomendación de inicio de procesos penales y, 51 cerrados.
Respecto a la memoria histórica y reparación a víctimas de las dictaduras militares, mediante Ley N° 1446 de 25 de julio de 2022, se procedió al pago históricamente pendiente del 80% del resarcimiento adeudado a víctimas de dictaduras militares (1964-1982), honrándose a la fecha el pago del 100% de solicitudes de pago presentadas. También se han impulsado proyectos como la creación de «Casas o Sitios de la Memoria» y la digitalización de archivos históricos para la preservación del legado de las víctimas.
En lo que se refiere a los derechos políticos, se implementó el Sistema de Cómputo SCO-RRC para la seguridad informática en procesos electorales, se actualizó el Reglamento de Campaña y Propaganda Electoral y se desarrolló el Programa Nacional de Educación Ciudadana para la Democracia Intercultural y Partidaria (2022-2025).
En materia ambiental, se aprobó la Política de Eliminación de Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, la Política Plurinacional de Cambio Climático y el Plan Plurinacional de Recursos Hídricos y Riego 2021-2025. A su vez, se fortalecieron las medidas de prevención, combate y sanción contra incendios forestales.
En salud, con la promulgación de la Ley N° 1152 de 20 de febrero de 2019, se amplió el acceso gratuito a la salud a través del Sistema Único de Salud (SUS), para diagnóstico y tratamiento de enfermedades, adquisición de medicamentos y equipamiento de establecimientos de salud. También se implementó el Plan Nacional de Lucha contra el COVID-19, con vacunación masiva gratuita y vigilancia epidemiológica activa.
Sobre derechos sexuales y reproductivos, se avanzó en la Política Pública Plurinacional para el Desarrollo de la Primera Infancia y la construcción de la Política Pública Integral de Prevención de Embarazos en Adolescentes. En cumplimiento de una sentencia constitucional, hasta el 2022 se realizaron 1.606 interrupciones legales del embarazo, con protocolos de atención integral para víctimas de violencia sexual.
En educación, se crearon 53.034 ítems para el magisterio fiscal entre 2006 y 2023, con énfasis en la formación docente, inclusión educativa y prevención de la violencia; el actual Gobierno creó 3.300 ítems en 2022 y 2.980 en 2023.
En la lucha contra la trata y tráfico de personas, el Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas ha aprobado la Política Plurinacional Contra la Trata de Personas, Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos 2021-2025; de igual manera implementa el Plan Multisectorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien contra la Trata y Tráfico de Personas 2021-2025 y, asumió en la gestión pasada, la Presidencia Pro Tempore de la Plataforma Regional Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes.
Finalmente, en relación a las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, el proceso constituyente boliviano ha cristalizado demandas históricas como el dominio ancestral de sus territorios, su libre determinación, autonomía, autogobierno, cultura, el reconocimiento de sus instituciones y la consolidación de sus entidades territoriales, así como la ancestralidad sobre sus tierras.
El Ministro y Jefe de Delegación agradeció la gentil atención, comentarios, preguntas y recomendaciones de los 98 oradores y ratificó en su Examen Periódico Universal (EPU) su compromiso inquebrantable para la promoción, respeto, resguardo y protección de los derechos humanos, civiles y políticos, así como económicos, sociales y culturales. Además de asumir con humildad y respeto todas las observaciones recibidas, aseguró que Bolivia presentará compromisos voluntarios para profundizar el pleno ejercicio de los derechos humanos.
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