CEPABOL/17/07/2025 La Paz, Bolivia – La investigación iniciada contra Ruth Nina, dirigente del partido político Pan-Bol, por la presunta comisión de los delitos de Obstaculización de Procesos Electorales, Instigación Pública a Delinquir y Amenazas, ha generado una fuerte reacción en el ámbito jurídico y político. Un amawta aymara ha denunciado públicamente lo que considera una criminalización de la libertad de expresión con motivaciones políticas.
David Ticona, amawta, periodista y abogado alteño, ha advertido sobre una «persecución política» contra la abogada aymara Ruth Yolanda Nina Juchani, propiciada desde los “Harvard Boys” (personas que asistieron a la reunión propiciada por Marcelo Claure en Estados Unidos)
Según Ticona, esta situación implicaría un «manoseo e instrumentalización de la justicia con fines políticos», buscando «satanizar» y «escarmentar» a la dirigente indígena aymara de Pan-Bol.
Desde una perspectiva legal, Ticona considera que la adecuación de la conducta de Ruth Nina a los delitos imputados es «altamente cuestionable». En sus declaraciones, el abogado enfatizó: «Las declaraciones de Nina no parecen cumplir con los elementos objetivos y subjetivos de los tipos penales atribuidos en forma clara y directa. La Fiscalía no podrá demostrar que las palabras de Nina constituyeron una acción delictiva».
En este sentido, Ticona sugiere que la defensa de Nina podría argumentar con solidez la falta de tipicidad de la conducta y la protección de la libertad de expresión en el ámbito político.
La controversia se agudiza al recordar que, en el pasado reciente, diversos actores políticos emitieron declaraciones de similar tenor sin que se iniciaran procesos judiciales en su contra. Entre los ejemplos citados se encuentran:
- Evo Morales Ayma: En 2019, previo a las elecciones generales, el entonces presidente, en busca de la reelección a pesar del referéndum del 21F, afirmó: «Si no ganamos en la primera vuelta, va a haber convulsión».
- Felipe Quispe «El Mallku» (†): El fallecido líder indígena, durante su participación política en el movimiento indigenista y campesino (2002 y 2005), pronunció recurrentemente la frase: «Vamos a cercar las ciudades si no hay elecciones limpias».
- Luis Fernando Camacho: En 2019, durante las protestas por el supuesto fraude electoral en plena crisis post-electoral, el actual gobernador de Santa Cruz declaró: «Si no nos hacen caso, vamos a tomar el TSE».
- Rómulo Calvo: En 2020, durante las elecciones posteriores al gobierno de transición de Jeanine Áñez, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz manifestó: «Si no respetan el voto del pueblo, el país va a arder».
- Wilma Alanoca: En el contexto de las elecciones tras el gobierno de Jeanine Áñez, la exministra del MAS advirtió: «Los golpistas no pasarán por las urnas; si lo intentan, los sacaremos con el pueblo».
Este contexto resalta la importancia del Artículo 106.II de la Constitución Política del Estado de Bolivia, que establece de manera clara e inequívoca que el Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, así como el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa. Este derecho, fundamental para la vida democrática, adquiere una dimensión aún más amplia cuando se trata de expresiones vertidas en el contexto del debate político y electoral, donde la pluralidad de voces es esencial para el fortalecimiento de la democracia.