La tranquila localidad precolombina de Yanacachi, ubicada a 80 kilómetros de La Paz, se ve amenazada por la voracidad de más de 100 operadoras mineras, entre empresas y cooperativas. Más del 90% de estas operadoras, asentadas en la jurisdicción de Yanacachi, carecen de contratos administrativos mineros o adecuaciones legales. Este descontrol ha llevado a dinamitar cerros boscosos, desviar ríos y amenazar a comunidades enteras, generando un clima de inseguridad y desesperación entre los habitantes locales.
En esta región de Sud Yungas, entre los 1.500 y 1.800 metros sobre el nivel del mar, Yanacachi conserva ruinas precolombinas y un patrimonio arquitectónico único. Sin embargo, la explotación minera descontrolada está poniendo en riesgo este invaluable legado histórico y cultural. La falta de consulta previa a las comunidades afectadas ha generado tensiones y conflictos, exacerbados por la violencia ejercida por los mineros ilegales.
El relato de los habitantes de Yanacachi es desgarrador. Se denuncian emboscadas, agresiones físicas, amenazas de muerte e incluso intentos de abuso sexual por parte de los mineros ilegales. La impunidad y la falta de respuesta por parte de las autoridades agravan la situación, dejando a estas comunidades indefensas frente a la voracidad de la minería informal.
El caso de Isaac Catacora, quien perdió a sus padres en un deslizamiento provocado por la actividad minera, ilustra trágicamente las consecuencias de esta situación. Además, se reportan daños ambientales irreparables, con la contaminación de ríos y la destrucción de zonas agrícolas, afectando la subsistencia de las comunidades locales.
Las autoridades municipales y nacionales están siendo cuestionadas por su inacción frente a esta problemática. La falta de regulación y control sobre la actividad minera ilegal está generando una crisis humanitaria y ambiental en Yanacachi, que requiere una respuesta urgente y decidida por parte del Estado boliviano.
Vía: La Región