Elva Arando tiene 47 años y creció frente a una montaña de 4,3 millones de toneladas de residuos mineros abandonados, también llamado pasivo ambiental. Es el depósito San Miguel de Cantumarca, en Potosí, uno de los 1.188 inventariados por el Estado en Bolivia. Aquí, en medio de la ciudad, el cierre perimetral de estos tóxicos consiste en unos postes de madera de metro y medio de altura, como si se tratase del lindero de una chacra. Pero en realidad el lugar contiene cargas sulfurosas y óxidos con contenidos de cuarzo, pirita, esfalerita, galena, calcopirita y también plata, plomo, estaño y zinc. Todos, nocivos para la salud y el medio ambiente.
Mientras esta mujer camina, sus zapatos café pisan un material aceitoso marrón y amarillo que se ha acumulado al costado de la Ruta Nacional 5. Es el contaminante que dejó en 1985 la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) por la explotación de estaño durante 45 años, que se escurre por la carretera que une la ciudad imperial con el majestuoso Salar de Uyuni.
Elva dice que sus abuelos y la gente de esa época permitieron instalar ese depósito ante la necesidad de dos piletas públicas de agua, sin pensar que con los años este y otros pasivos mineros de la zona se convertirían en los verdugos de sus hijos y nietos. Entre ellos, ella, que ahora tiene plomo en su sangre en niveles que la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que afecta al ser humano.
Hay más de mil sitios plagados de residuos mineros abandonados en el territorio boliviano. La remediación es una cuenta pendiente, por vacíos legales y normativas ambiguas que dejó el Estado y favorecen a los extractivistas. El saldo son pobladores intoxicados con metales pesados, ríos muertos y 304 comunidades que viven en el área de influencia de estos pasivos ambientales.
San Miguel de Cantumarca es un poblado de Potosí en Bolivia coronado por una montaña de 4,3 millones de toneladas de residuos mineros abandonados. Están allí desde hace 40 años, cuando los dejó una cooperativa minería que explotó estaño durante varias décadas. Como este sitio, en el país hay al menos otros 1187 pasivos ambientales no remediados; es decir, que no han sido tratados para sanear el suelo tras el retiro de los operadores mineros.
Alrededor del millar de pasivos ambientales que envenenan la tierra en Bolivia viven 304 comunidades, detectadas mediante análisis de información geográfica para esta investigación de ACCESO y CONNECTAS, en alianza con El Deber, El País y Erbol. Los estudios sobre la afectación a los humanos en estos sitios también es una cuenta pendiente, porque el Estado tampoco invierte en ello. Pero en dos lugares donde sí lograron hacerse pruebas de laboratorio bajo esfuerzo de los vecinos y organizaciones no gubernamentales, el 45% de los estudiados, están afectados por metales pesados en su organismo.
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