La Paz, 27 de diciembre de 2023. – La Defensoría del Pueblo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Fiscalía General del Estado (FGE) presentaron un informe detallado de su segundo reporte de gestión 2023 del Observatorio Defensorial Judicial (ODJ), enfocado en la situación de los procesos judiciales vinculados a feminicidio, tentativa de feminicidio, infanticidio, tentativa de infanticidio y violencia sexual contra infantes, niñas, niños y adolescentes (INNA’s). Este observatorio ha llevado a cabo diversas acciones, incluyendo verificaciones del cumplimiento de condenas de personas privadas de libertad en estos delitos, visitas a oficinas del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y la activación de 2,586 procesos identificados.
Los procesos abarcan 332 casos de feminicidio y tentativa de feminicidio, 51 de infanticidio e infanticidio en grado de tentativa, 1,736 de violación de INNA’s y 467 declaratorias de rebeldía. Pedro Callisaya, Defensor del Pueblo, enfatizó que el ODJ se centra en sistematizar información estadística para gestionar acciones prioritarias y agilizar los procesos penales relacionados con estos delitos. Destacó la importancia de transparentar la información y hacerla accesible para la población.
En este contexto, se emitieron recomendaciones a las instituciones involucradas. A la Fiscalía General del Estado, se le pidió fortalecer las fiscalías departamentales, especialmente la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil, y al IDIF se le instó a incorporar más psicólogos forenses. Para el Tribunal Supremo de Justicia, se recomendó continuar con el seguimiento, incidencia, verificación y priorización de los procesos penales por feminicidio, infanticidio, violación de INNA’s y violación. Además, se instó a procurar la implementación del Proyecto de Protocolo Interinstitucional para la identificación, búsqueda y aprehensión de rebeldes en procesos penales.
La Defensoría del Pueblo recibió recomendaciones para desarrollar campañas de prevención y socialización a nivel nacional, junto con la continuación de visitas a centros penitenciarios en todo el país. Se sugirió a la Dirección General de Régimen Penitenciario brindar información sobre los casos observados durante las visitas in situ realizadas por la Defensoría del Pueblo.
Ricardo Tórrez Echalar, presidente del TSJ, reconoció los esfuerzos de las instituciones y expresó su esperanza de que el trabajo del ODJ no solo tenga impacto en el ámbito jurisdiccional, sino también en el ámbito social, contribuyendo a la reducción de estos delitos. Williams Alave, Fiscal Departamental de La Paz, destacó la importancia de dar atención prioritaria a estos casos y solicitó al Tribunal Supremo de Justicia la priorización de procesos para garantizar una atención oportuna y eficiente.