El Secretario Ejecutivo de Concejo Central de Federaciones y Asociaciones de Artesanos (COCEDAL) Héctor Delgado, a nombre de la Coordinadora de Organizaciones Sociales de la Ciudad de El Alto, exigió respeto al trabajo de la Asamblea Legislativa Plurinacional y dar viabilidad al trabajo parlamentario y no obstruirlo.
“Si no cumplen la coordinadora de organizaciones sociales, nos vamos a movilizar para defender las leyes que benefician al pueblo, nosotros apoyamos la fiscalización a los actos de corrupción de este gobierno por parte de la ALP; “quién va a defender al pueblo si no son los parlamentarios” sentenció
Por su parte El Secretario Ejecutivo de la Federación Sindical de Comunidades Agrarias de Radio Urbano y Sub Urbanos de la ciudad de El Alto (FESCARUSU), Sixto Tallacagua Condori, condenó la obstrucción al trabajo de fiscalización que viene desarrollándola ALP.
El dirigente del sector rural de El Alto, resaltó el trabajo que realiza el poder legislativo para realizar una fiscalización minuciosa del gobierno de Áñez, lamentó que en las peticiones de informe y promulgación de leyes sea obstaculizado al no permitir la recepción de la correspondencia por parte del gobierno y demandó mayor seriedad por parte del gobierno transitorio.
“Este gobierno transitorio solamente está trabajando para los capitalistas, los grandes empresarios, pero aquí el pueblo sufre, estamos oprimidos, siempre hemos sido olvidados hace más de 500 años estamos abandonados. Yo más bien aplaudo y valoro esa valentía que tiene la senadora Eva Copa al hacer la fiscalización minuciosa, nosotros como dirigentes sindicales, como pueblo, siempre vamos a apoyar y valorar porque ellos (ALP) están trabajando en favor del pueblo boliviano no para sus intereses personales.” Dijo.
La presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Eva Copa, lamentó la obstrucción en la recepción de leyes, peticiones de informes escritos y documentación por parte del gobierno transitorio, por lo que anunció el inicio de procesos por incumplimiento de deberes contra los responsables que no permiten que las leyes promulgadas sean publicadas en la Gaceta Oficial.
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