07 de mayo de 2024. – La reciente aprobación del Decreto Supremo 5143, que reforma el sistema de registro en Derechos Reales (DDRR), ha desencadenado un fuerte rechazo por parte de legisladores, profesionales y organizaciones sociales, quienes lo consideran inconstitucional y una amenaza a la propiedad privada. Aunque el Gobierno argumenta que esta medida tiene como objetivo reducir la corrupción y optimizar los servicios mediante un sistema único y el uso de tecnología, diversos sectores han expresado su preocupación y demandan la abrogación de dicha norma.
El abogado Jorge Valda señaló que el decreto busca regular una ley vigente desde 1887, lo cual resulta incongruente y podría vulnerar derechos fundamentales. Por su parte, la senadora Centa Rek, junto a otros legisladores, anunció una declaratoria de emergencia y medidas de presión para lograr la abrogación del decreto, calificándolo de irregular e inconstitucional.
En respuesta a las protestas, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, reconoció la falta de socialización de la norma y propuso una explicación más detallada para generar mayor comprensión y aceptación. Torrico enfatizó que el objetivo del decreto es brindar mayor seguridad jurídica a los propietarios, estableciendo un sistema interconectado con otros registros para prevenir estafas en la compraventa de propiedades.