30 de abril de 2024. – El proceso de selección de candidatos para las Elecciones Judiciales en Bolivia ha sufrido un duro revés luego de que la Sala Constitucional de Pando emitiera una acción popular, dejando sin efecto dicho proceso. La decisión fue tomada por los vocales Celsa Salazar y José Luis Sotelo, quienes argumentaron la «vulneración del derecho a la igualdad de mujeres y pueblos indígenas».
Este fallo surge a raíz de una demanda presentada por la exdiputada y dirigente indígena del MAS, Yeni Duri, quien denunció discriminación al quedar inhabilitada la postulante Mineya Lucindo. Según la senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Andrea Barrientos, la decisión de la sala implica también iniciar un nuevo proceso de preselección de candidatos, lo que añade un nuevo obstáculo al ya complejo escenario político y judicial del país.
Las reacciones ante esta determinación no se hicieron esperar. Desde la oposición, el diputado Pablo Arízaga de Comunidad Ciudadana (CC) expresó su preocupación, señalando que este martes es «un día amargo» para la judicatura boliviana. Asimismo, el diputado Leonardo Ayala de Creemos rechazó vehementemente el fallo, argumentando que va en contra de la Constitución Política del Estado y la Ley 1549, aprobada por más de dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Por otro lado, desde el oficialismo, el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Juan José Jáuregui, manifestó su discrepancia con la decisión de la Sala Constitucional de Pando. Sin embargo, destacó que las comisiones correspondientes no fueron notificadas con la resolución, por lo que esperan tomar determinaciones una vez recibida la notificación oficial.
Esta decisión implica un retroceso en el proceso de selección de magistrados y genera incertidumbre sobre el futuro de la justicia en Bolivia. Además, abre un nuevo debate sobre la independencia y el funcionamiento del sistema judicial en el país.