Una radiografía crítica revela un escenario de sometimiento institucional, favorecimiento a élites, entreguismo de recursos y una alarmante escalada de represión estatal.
CEPABOL/1/06/26.- La gestión de Rodrigo Paz a poco más de medio año de gestión, atraviesa su momento más crítico, marcado por los 30 días de protesta, convulsión social y la insurrección indígena. Acusado de dictadura jurídica, medidas legislativas polémicas, traición a los votantes, ruptura constitucional y ruptura institucional.
El gobierno boliviano, enfrenta un duro cuestionamiento social y político tras consolidar un modelo de gobierno que, lejos de responder a las necesidades de las mayorías, parece haberse concentrado en el desmantelamiento institucional, el endeudamiento asfixiante y el beneficio exclusivo de sectores oligárquicos. Ocasionando una crisis de gestión más profundas de los últimos tiempos, dividida en cuatro ejes alarmantes:
1. El quiebre democrático: Alianzas oscuras y «dictadura jurídica»
El diseño político de Paz se ha caracterizado por la concentración del poder y la exclusión de su propio vicepresidente, cuyas funciones fueron delegadas a terceros para pagar favores políticos. Esto se consolidó tras un cuestionado pacto con Samuel Doria Medina, que entregó cargos estratégicos a sus allegados.
A esto se suma lo que juristas denominan una «dictadura jurídica»: la abrogación de la Ley 1341 (Ley de Estados de Excepción). Esta maniobra eliminó los contrapesos democráticos y legislativos. La respuesta ante el descontento de la población ha sido, según denuncias, el «nepotismo galante» y una soberbia de clase señorial que ignora las demandas populares, coronada con un atentado directo al futuro de la juventud: el desmantelamiento progresivo del Bachillerato Técnico Humanístico (BTH).
2. Debacle económica: Un modelo para las élites e inflación desbocada
En materia financiera, la administración de Paz, ha dado la espalda a la economía popular. Mientras se eliminaron los impuestos a las grandes fortunas y a las transacciones financieras para beneficiar a las minorías, se asfixió con cargas tributarias a pequeños productores, artesanos y gremiales.
La política de shock económico incluyó la eliminación de subsidios esenciales, provocando un tarifazo en los combustibles de más del 100% y el encarecimiento de la harina (y por ende, del pan). La soberanía económica del país ha sido hipotecada mediante un endeudamiento masivo que supera los 16.000 millones de dólares (más del 36% del PIB), al tiempo que se privatizan de forma encubierta o directa sectores estratégicos como correos (Bolibox), hidrocarburos (YPFB), energía (ENDE) e internet (Entel/Starlink). Finalmente, al ceder el control del tipo de cambio a la banca privada, el gobierno disparó una inflación del 17% en apenas cinco meses, destruyendo el poder adquisitivo de las familias.
3. Entrega de recursos y soberanía en riesgo
La gestión ambiental y de recursos naturales refleja un sometimiento total a los intereses corporativos. La promulgación de la Ley 1720 (Ley de Tierras), impulsada por el sector agroindustrial, ha sido tachada de inconstitucional por mercantilizar el territorio en favor de unos pocos. Asimismo, el gobierno ha cruzado líneas rojas al otorgar derechos de explotación minera en áreas protegidas y condonar deudas a las cooperativas mineras a cambio de respaldo político. Esta negligencia también se ha sentido en las calles: la distribución de gasolina de mala calidad («combustible basura») arruinó los motores de miles de vehículos civiles y provocó múltiples accidentes de tránsito.
4. Corrupción, narcotráfico y el retorno de la represión militar
El panorama ético de la gestión es insostenible. Los escándalos de corrupción, simbolizados por el dinero siniestrado en el avión Hércules y la opacidad en las empresas estatales, conviven con graves denuncias de narcotráfico enquistado en las altas esferas del poder. Casos escandalosos como las «narcomaletas», la «narcosoya» y la flagrante inacción gubernamental en la captura de capos internacionales como Sebastián Marset evidencian una preocupante complicidad institucional.
Ante la inevitable protesta social provocada por este escenario, la respuesta del Ejecutivo no ha sido el diálogo, sino la violencia. Se denuncia una sistemática criminalización de la protesta, persecución judicial a dirigentes y el uso de las Fuerzas Armadas como primera opción de contención. Esta política represiva ya ha costado la vida de ciudadanos, caídos en enfrentamientos directos o fallecidos debido a la falta de atención médica provocada por los bloqueos de rutas que el propio gobierno ha sido incapaz de resolver políticamente. DTB
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