Gerardo García, vicepresidente del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), rechazó la posibilidad de convocar a un nuevo congreso, como lo ha demandado el Pacto de Unidad. Asegura que el congreso llevado a cabo en Lauca Ñ en 2023 fue realizado de manera legal y, por lo tanto, no hay motivos para anularlo.
En cuanto al plazo establecido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la convocatoria de un nuevo congreso destinado a la elección de la directiva del partido, García sostiene que este plazo no aplica al MAS-IPSP y, por ende, no corren el riesgo de perder la personería jurídica. Argumenta que la normativa que establece un plazo de seis meses para la adecuación de los estatutos de las organizaciones políticas no se aplica a ellos, ya que fueron los primeros en adecuarse a la ley 1096.
«Legalmente, nuestro estatuto está reconocido, es ley, no hay por dónde el TSE nos puede anular, quitar la personería jurídica porque hemos sido los primeros en adecuarnos a la ley 1096«, afirmó García.
Además, cuestionó a líderes como Juan Carlos Huarachi, ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), y Lucio Quispe, de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), quienes solicitaron al expresidente Evo Morales convocar a un nuevo congreso con la participación de todos los sectores. García señaló que estas personas no son fundadoras del instrumento político y reiteró que solo el MAS-IPSP es la entidad reconocida como instrumento político.
En días recientes, las organizaciones sociales del Pacto de Unidad exhortaron a Morales a convocar a un nuevo congreso, mientras que el presidente Luis Arce expresó su compromiso de hacer «todo» para que en dicho encuentro participen los fundadores del MAS y se respeten las organizaciones. La situación interna del MAS-IPSP ha generado tensiones y llamados a la unidad desde distintos sectores.