La Paz. La presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Eva Copa, recibió este jueves a las víctimas y familiares de los hechos acaecidos en la masacre del puente de Huayllani, localidad de Sacaba, departamento de Cochabamba de 2019, quienes le entregaron documentación, videos y recortes de prensa del hecho en busca de justicia, para acusar al Gobierno transitorio de Jeanine Áñez de los delitos de genocidio y lesa humanidad ante la Corte Internacional Penal (CPI).
La autoridad legislativa lamentó que tras 12 meses de los hechos de sangre tras la violenta intervención militar y policial en noviembre de 2019, no hubo avance alguno en las investigaciones y los familiares de las víctimas siguen peregrinando por justicia, por lo cual como primer Órgano del Estado deberá recurrir a instancias internacionales.
“En mi calidad de presidenta (de la Asamblea Legislativa Plurinacional) lo que me queda es hacerles caso, es hacer cumplir las atribuciones que tengo dentro de la Constitución Política del Estado, que es la fiscalización y control”, dijo Copa al dirigirse a los familiares y las víctimas de Sacaba en el salón Andrés Ibáñez de la Cámara de Senadores.
En ese marco, el abogado de los familiares de las víctimas de la masacre de Sacaba, Ricardo Leclere, dijo que la ALP es la instancia adecuada para hacer prevalecer sus derechos y de esta manera acudir y remitir la denuncia como Estado, para que se revise las investigaciones en los diferentes casos, ya que en la documentación apunta a las autoridades del Gobierno transitorio.
“Lamentablemente hasta la fecha no ha habido un avance sustancial en el proceso que se viene, tenemos un 30 por ciento del proceso, pero ya han transcurrido más de 11 meses los cuales no hay ningún avance, básicamente la demanda que se está presentando es por los delitos de genocidio y de lesa humanidad en contra de la señora Áñez, Arturo Murillo, Fernando López, el Alto Mando Militar, Alto Mando Policial, comandante Departamental de la Policía de ese entonces en Cochabamba», sostuvo Leclere.
De igual forma, el representante de la Federación del Trópico, Gerardo Puma, dijo: “La demanda es de 59 páginas, consiste en 85 videos y redacciones de prensa del hecho del 15 de noviembre de 2019, cronológicamente; está por ejemplo la declaración del ministro Arturo Murillo literal y luego viene su video que son pruebas fehacientes recabadas de los hechos de Gobierno, además estas pruebas están tipificadas y legalizados por la Fiscalía de Sacaba”.
La ALP conformó la Comisión Especial Mixta de Investigación sobre los Sucesos Acaecidos a partir del 21 de octubre de 2019, con el propósito de establecer responsabilidades intelectuales y materiales de la violenta intervención militar y policial que causó muertes en Sacaba y Senkata en noviembre del año pasado. Foto Reuters