07 de agosto de 2024. – El ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, anunció que el gobierno planea realizar un referéndum en la misma fecha que las elecciones judiciales, con el objetivo de ahorrar recursos económicos y optimizar la logística electoral. Esta decisión surge tras el discurso del presidente Luis Arce, quien propuso someter a votación popular tres temas clave: la subvención a los hidrocarburos, la distribución de escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), y la reelección continua o discontinua del Presidente y Vicepresidente.
Según Lima, coordinar el referéndum con las elecciones judiciales, cuyo costo estimado es de 184 millones de bolivianos, permitiría aprovechar la infraestructura electoral existente. El costo adicional para incluir el referéndum se estima entre 10 y 15 millones de bolivianos. Esta estrategia no solo busca eficiencia económica, sino también facilitar la participación ciudadana en decisiones de importancia nacional.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe determinar la fecha exacta para las elecciones judiciales, prevista entre noviembre y diciembre de este año. Además, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) está revisando el procedimiento legal para la convocatoria del referéndum, tal como se establece en el auto constitucional 326/2024.
El ministro Lima aclaró que el presidente Arce tiene la facultad de convocar a un referéndum mediante decreto supremo, de acuerdo con la Ley 026, lo que permite que el proceso avance independientemente de la participación de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, invitó a la ALP a unirse al proceso para garantizar un diálogo técnico y jurídico que fortalezca la propuesta.
La iniciativa de Arce ha generado un debate político significativo, especialmente considerando el contexto económico actual y las demandas de representación política en Bolivia. La coordinación de ambos procesos electorales refleja el compromiso del gobierno de abordar temas críticos de manera eficiente y participativa.