El Alto, 30 de agosto de 2024. – Las juntas vecinales de El Alto han dado un ultimátum al Gobierno Central: tienen una semana para presentar un plan de emergencia que alivie la crisis económica que atraviesa el país. La advertencia fue emitida durante un ampliado de emergencia de la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE), donde los dirigentes vecinales manifestaron su descontento con las medidas económicas actuales y amenazaron con movilizaciones y bloqueos si no se atienden sus demandas.
Durante la reunión, la FEJUVE tomó decisiones contundentes, entre las que se incluyen exigir la reducción del 50% de los salarios de los funcionarios públicos como una medida para redistribuir los recursos del Estado en beneficio de la población más afectada por la crisis. Los dirigentes argumentaron que, ante la difícil situación económica, los altos sueldos de la burocracia estatal son injustificables y demandaron una mayor austeridad por parte del gobierno.
Además, la FEJUVE rechazó de manera rotunda el referéndum propuesto por el Gobierno, señalando que no es el momento adecuado para gastar recursos en consultas populares cuando el país enfrenta serias dificultades económicas. También se exigió la censura del Viceministro de Defensa al Consumidor, a quien acusaron de no proteger los derechos de los ciudadanos y permitir el incremento de precios en productos básicos.
Otra de las resoluciones más destacadas del ampliado fue la solicitud de anulación de los salarios vitalicios para expresidentes y exvicepresidentes del país. Las juntas vecinales consideran que estos pagos son un gasto innecesario y un privilegio que no debería mantenerse en un contexto de crisis.
El dirigente vecinal, José Ramos, señaló que las medidas adoptadas por el Gobierno hasta el momento no han sido suficientes y que la situación económica se ha vuelto insostenible para muchas familias en El Alto. «Si el Gobierno no nos escucha, tomaremos las calles. No podemos seguir permitiendo que se tomen decisiones que solo benefician a unos pocos mientras la mayoría sufre», afirmó Ramos.
La advertencia de las juntas vecinales refleja el creciente malestar social en la urbe alteña, una de las ciudades más activas en la defensa de sus derechos y reivindicaciones. Las autoridades locales y nacionales deberán responder con celeridad a estas demandas para evitar un posible estallido social en los próximos días.
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