La Paz, 21 de noviembre de 2024. – La marcha multitudinaria organizada por gremiales, juntas vecinales y otros sectores sociales culminó este jueves en un cabildo, donde se determinó dar un ultimátum de 15 días al Gobierno para solucionar la crisis económica que afecta al país. Advirtieron que, de no cumplirse sus demandas, iniciarán medidas de presión más radicales, como huelgas de hambre, bloqueos de caminos y otras acciones similares.
El presidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de La Paz, Jorge Paredes, expresó su preocupación por la situación económica del país y lanzó una advertencia al Ejecutivo. “Si en el término que le estamos poniendo no resuelve los problemas económicos del país, no resuelve la pobreza, la desocupación y la miseria en la que se debate el pueblo boliviano, este va a ser la chispa que puede encender más adelante para que ellos se vayan del Gobierno”, afirmó.
La manifestación se desarrolló como una respuesta al incremento en los costos de la canasta familiar y a la persistente escasez de combustible. Miles de personas se movilizaron por el centro de La Paz, provocando un colapso en las principales vías de la ciudad.
Jorge Paredes recordó que el presidente Luis Arce prometió que, tras el bloqueo de caminos liderado por sectores evistas, el suministro de diésel y gasolina se normalizaría en 10 días. Sin embargo, denunció que las largas filas en las estaciones de servicio continúan, lo que ha agravado la crisis en diferentes sectores de la población.
Otro dirigente, perteneciente al sector de comerciantes por cuenta propia, señaló que su sector había decidido en un ampliado ingresar en huelga de hambre y ejecutar bloqueos, pero en respeto al plazo de 15 días establecido en el cabildo, optaron por esperar antes de ejecutar sus determinaciones.
Por su parte, los choferes del transporte público han dado un plazo aún más corto al Gobierno: 24 horas para restablecer el abastecimiento de combustible en las estaciones de servicio, advirtiendo que, de no cumplirse, tomarán sus propias medidas de presión.
La situación refleja un creciente descontento social ante la percepción de inacción gubernamental frente a una crisis económica que afecta a múltiples sectores, que están dispuestos a radicalizar sus protestas si no se logran soluciones inmediatas.