El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne indicó que, ante el vacío institucional generado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) al no haber preseleccionado candidatos a magistrados y consejeros, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) como máximo intérprete de la Carta Magna, prorrogó sus funciones mientras se cumple el mandato constitucional para la elección por voto de las altas cortes del país.
“La regla de la constitución boliviana, la regla de normalidad es que los magistrados ejerzan un mandato de seis años, pero ahora no se da una situación de normalidad constitucional; la Constitución habla de obligaciones de la Asamblea y del Órgano Electoral, y en ese sentido deberíamos haber tenido elegidas a las autoridades el momento que culminó el mandato de los 26 altos cargos, pero no ha ocurrido eso por un mal trabajo de la Asamblea”, señaló la autoridad.
El titular de Justicia remarcó que fue la Asamblea Legislativa la instancia que incumplió su deber de realizar la convocatoria y preselección de candidatos a los primeros cargos del Órgano Judicial y ante ello se dio una situación de vacío institucional que no estaba prevista por la Constitución Política del Estado (CPE).
Agregó que, ante ese vacío, el TCP realizó la interpretación de la Constitución a fin de no tener tribunales cerrados que generen retardación de justicia, “han planteado la idea de cerrar los tribunales, y congelar la justicia mientras esperamos que la Asamblea haga el trabajo que ha incumplido y tengamos una nueva administración de justicia, pero hace años que no pueden elegir a un Contralor, ni a los vocales de la Asamblea Departamental de Beni, es decir prácticamente no se tiene la competencia de elegir por 2/3 al interior de la Asamblea”.
El Ministro recordó que la Asamblea emitió proyectos de ley y reglamentos que fueron calificados de inconstitucionales y que fueron esas acciones las que impidieron la realización de un proceso de convocatoria y preselección de candidatos, situación que derivó en una prórroga de funciones de los magistrados hasta que asuman autoridades judiciales con la misma investidura y elegidas por voto universal. “Cuando hay vacío lo resuelve el Tribunal Constitucional. La interpretación de la Constitución señala que la prórroga se dará hasta que haya magistrados electos”.
En ese sentido, el Ministro manifestó que las protestas que se registraron en inmediaciones del TCP en la ciudad de Sucre, deberían ser dirigidas a la ALP, “no deberían estar protestando en Sucre, sino en la Asamblea, ya que la Asamblea es quien hace la preselección y es quien ha fallado. Esa movilización quiere congelar la justicia y eso es inadmisible”, sostuvo.
La autoridad recordó que se registraron diversas propuestas inconstitucionales como cerrar tribunales, la asunción de “subalternos”, sorteo, cabildo y otros, “ninguna de esas vías es constitucional, el único que nos podía dar una respuesta es el TCP, por diseño de nuestra Constitución, cuando se presenta una anomalía, una situación que requiere una respuesta, porque no hay una regla clara cuando la Asamblea no hace su trabajo y el Ejecutivo no puede organizar elecciones”.
Lima hizo notar que, según las competencias institucionales, el Órgano Legislativo se hace cargo de la preselección, el Ejecutivo del presupuesto y el Electoral de la realización de las elecciones judiciales; en ese sentido, subrayó que el presupuesto se encuentra garantizado a fin de cumplir el mandato constitucional y así contar con una nueva administración de justicia.