El Alto, 31 de enero de 2026 / Gato Negro Noticias
El Proyecto de Ley 157, aprobado por el Senado para modificar la clasificación de tierras productivas —de pequeñas a medianas— constituye un nuevo intento de despojar a los campesinos de sus propiedades agrarias, reproduciendo mecanismos utilizados desde el siglo XIX en la época republicana de Bolivia.
Durante el evento “Ley despojar territorios indígenas”, realizado en Cepabol este sábado 31, el investigador y escritor quechua Edgar Ramos Andrade recordó que en marzo de 1866 el dictador Mariano Melgarejo promulgó el Decreto de “Exvinculación”, mediante el cual se individualizó la propiedad agraria y se abrió la puerta a la compra-venta forzada de tierras campesinas.
Posteriormente, en octubre de 1874, el presidente constitucional Tomás Frías promulgó la Ley de Exvinculación de Tierras de Comunidad —corrección necesaria: no fue 1974 sino 1874— que creó las llamadas Comisiones de Re-visita, equipos técnicos que recorrieron el altiplano y los valles para medir parcelas y asignar valores de venta que en la práctica resultaron casi obligatorios.
En su exposición titulada “Q’etayasqa” (podrido, en quechua), Ramos señaló que así comenzó el proceso sistemático de despojo de tierras comunitarias que generó conflictos durante casi 90 años, hasta la Reforma Agraria de 1953 —corrección necesaria: no es 1853. Este periodo estuvo marcado por masacres en Achocalla, Jesús de Machaca, Taraco y otras comunidades, hechos que la historia oficial boliviana omite.
Una consecuencia directa de estas normas fue la aparición de los “Caciques Apoderados”, líderes indígenas que exigieron al Estado la restitución de territorios comunales y promovieron la creación de escuelas en tiempos en los que el acceso a la educación estaba prohibido para los indígenas. Un caso emblemático fue la Escuela-Ayllu de Warisata, fundada en 1931 (corrección de fecha, no 1933), modelo de productividad y sostenibilidad, que terminó saqueada e incendiada por incitación del gobierno y de sectores terratenientes, explicó Ramos.
Otro efecto fue el intento de destruir la Economía Comunitaria, que continúa vigente y vinculada a los idiomas indígenas, oficiales desde 2009. “La Economía Comunitaria no se estudia en las Facultades de Economía y el 99% de los economistas se formaron únicamente en la economía de mercado, incluido el actual presidente del Estado”, afirmó.
Finalmente, Ramos Andrade propuso una definición precisa de Economía Comunitaria:
Organiza y ejecuta la producción económica en todas sus fases —obtención de materia prima, transformación o industrialización, logística, comercialización interna, exportación y servicios—. Se basa en la solidaridad activa entre actores económicos individuales o colectivos y prioriza la defensa de la Madre Naturaleza por encima del capital financiero. Es una práctica ancestral y contemporánea, aplicable a economías populares (familiares, comunales y otras) y a unidades de escala que hoy están segregadas por leyes bolivianas como las 14379, 393, 1178 y otras. Está reconocida en el artículo 306.II de la Constitución Política del Estado como componente de la Economía Plural.
Ref: 75801838
