El Alto, CEPABOL/20/2026.- Bolivia cumple casi tres semanas de un severo conflicto político y social que mantiene bajo cerco a la sede de Gobierno por más de 14 días. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó este miércoles un total de 36 puntos de bloqueo activos en rutas estratégicas, afectando de manera directa la conectividad vial de los departamentos de La Paz, Santa Cruz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca.
Acciones judiciales y órdenes de aprehensión
En el plano legal, la Fiscalía General del Estado emitió órdenes de captura contra múltiples actores políticos y sindicales. Entre los procesados se encuentran el senador Nilton Condori, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y el dirigente campesino de La Paz, Vicente Salazar Limachi, además de cuatro líderes vecinales.
El Ministerio Público les atribuye formalmente la presunta comisión de los delitos de vandalismo, daños a la propiedad pública, instigación pública a delinquir, terrorismo, asociación delictuosa entre otras
Denuncias de injerencia y tensión internacional
Sectores movilizados han denunciado de manera pública una presunta injerencia extranjera en el conflicto. Las acusaciones señalan el supuesto arribo de 50 efectivos de fuerzas de élite estadounidenses equipados con logística avanzada, con el presunto objetivo de capturar al expresidente Evo Morales.
Por otra parte dirigentes de organizaciones sociales, denunciaron que el puente aéreo humanitario mediante un avión Hércules C-130 del Palomar (Argentina) a Viru Viru (Bolivia) fue pretexto para surtir a la policía de gases lacrimógenos.
Asimismo, representantes de las movilizaciones aseguran que ingresaron al país cargamentos económicos no registrados procedentes de Estados Unidos, evaluados en 100 millones de dólares, y material antimotines enviado desde Argentina. Ninguna de estas afirmaciones ha sido confirmada ni respaldada por informes de las cancillerías locales o agencias de seguridad del Estado.
Presión política y escenarios de solución
En las últimas horas se ha incrementado la presión sectorial para que el Órgano Ejecutivo dicte un «Estado de Excepción sectorizado» con el fin de intervenir los puntos de conflicto. Analistas políticos y económicos evalúan actualmente tres posibles vías de resolución para la crisis institucional:
- Vía institucional punitiva: Implementación del estado de excepción, detención de los principales dirigentes de las movilizaciones y confinamientos.
- Salida dialogada y sucesión: Apertura de una mesa de negociación política que contemple la renuncia del presidente Rodrigo Paz y la activación de la sucesión constitucional para convocar a elecciones generales anticipadas.
- Agudización del conflicto: Persistencia de las medidas de presión y radicalización de los bloqueos a nivel nacional.
Incidentes y crisis institucional en El Alto
La tensión se trasladó con fuerza a la ciudad de El Alto, donde organizaciones sociales denunciaron la quema de la wiphala, hecho tipificado en la legislación boliviana como delito de ultraje a los símbolos nacionales. De igual forma, se reportó el ataque y destrucción de las instalaciones de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto y múltiples agresiones contra periodistas que realizaban la cobertura informativa de los disturbios.
Por otra parte, un ampliado de organizaciones movilizadas, realizado el pasado 19 de mayo, manifestó su rechazo a la decisión de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) de otorgar el título de Doctor Honoris Causa al presidente Rodrigo Paz. Los manifestantes calificaron la distinción como un agravio y exigieron la dimisión inmediata del rector Carlos Condori Titirico y del vicerrector Efraín Chambi Vargas, señalando una presunta instrumentalización política de la casa de estudios superiores. FOTO: La Razón