11 de septiembre de 2024. – Ante la emergencia por los incendios forestales que afectan a Bolivia, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 5225, que establece una pausa ambiental indefinida en todo el país, suspendiendo todas las autorizaciones de quemas y declarando “no disponibles” las tierras fiscales afectadas durante un periodo mínimo de cinco años. Además, envió al Legislativo un proyecto de ley para endurecer las penas de cárcel contra quienes provoquen incendios, con condenas de hasta 12 años.
El ministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer, explicó que la pausa ambiental implica la anulación inmediata y sin plazo de todas las autorizaciones de quemas emitidas por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT). Asimismo, las tierras fiscales dañadas por incendios no podrán ser utilizadas hasta que se realicen trabajos de restauración y repoblamiento de flora y fauna, enmarcados en un Plan Nacional a cargo de su ministerio.
Además, Lisperguer destacó que el proyecto de ley enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional busca modificar el Código Penal para incrementar las penas de cárcel. Según la propuesta, las personas que promuevan incendios en áreas protegidas, bosques, tierras forestales, humedales y pastizales enfrentan penas de entre 6 y 12 años de prisión. También se contemplan condenas de 5 a 7 años para quienes ordenen o se beneficien de los incendios.
Las medidas se adoptaron tras la devastación de más de 3,8 millones de hectáreas, principalmente en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando. Lisperguer advirtió que los próximos meses son críticos debido al comportamiento meteorológico y climático, lo que podría agravar la situación de los incendios forestales. En respuesta, el gabinete de ministros, liderado por el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, se trasladará a las zonas afectadas para coordinar acciones y reforzar el resguardo de áreas protegidas.
Las sanciones actuales son consideradas insuficientes, y se han reportado casos recientes en los que los responsables de incendios han recibido penas leves o se han beneficiado con juicios abreviados. “No podemos permitir que estos delitos queden impunes; estamos tomando todas las acciones necesarias para proteger nuestro patrimonio natural y garantizar un futuro sostenible”, enfatizó Lisperguer.
El decreto y el proyecto de ley buscan frenar los incendios ilegales y concientizar a la población, instando a pequeños, medianos y grandes productores a comprometerse en la defensa del medio ambiente. Las autoridades esperan que con estas nuevas medidas, Bolivia pueda enfrentar de manera más efectiva la crisis ambiental y restaurar las áreas devastadas por el fuego.
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