10 de septiembre de 2024. – Las ciudades de La Paz y El Alto amanecieron nuevamente cubiertas por una densa humareda que ha encendido las alarmas sobre la grave crisis ambiental que enfrenta Bolivia. La contaminación, provocada por incendios forestales y chaqueos en distintas regiones del país, ha afectado la calidad del aire, poniendo en riesgo la salud de la población, especialmente de grupos vulnerables como niños y personas con enfermedades respiratorias.
Desde 2013, una serie de normativas promovidas por el Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) han incentivado la deforestación y los incendios forestales, generando lo que activistas y ambientalistas denominan “leyes incendiarias”. Este paquete legislativo ha sido ampliamente criticado por priorizar la expansión agropecuaria a costa de la destrucción de bosques y áreas naturales, contribuyendo significativamente al deterioro ambiental que hoy afecta a ciudades como El Alto y La Paz.
Entre las leyes más controversiales se encuentra la Ley 337 de 2013, que permitió el desmonte sin autorización previa hasta 2011. Le siguieron la Ley 741 de 2015, que autorizó el desmonte de hasta 20 hectáreas en propiedades comunitarias, y la Ley 1098 de 2018, que amplió la producción de cultivos para biodiésel y alcohol anhídrido. En 2019, la Ley 1171 perdonó multas por quemas no autorizadas, incentivando prácticas destructivas para el medio ambiente.
La senadora Cecilia Requena calificó estas políticas como un “ecocidio” y un “suicidio colectivo”, resaltando que la legislación vigente ha permitido un daño ambiental sin precedentes. Requena y otros activistas exigen la revisión y modificación de estas normativas, argumentando que el desarrollo económico no debe comprometer la preservación de los recursos naturales.
Mientras tanto, en la ciudad de La Paz, la situación es igualmente preocupante. Desde el lunes, una densa capa de humo cubre la urbe, superando los niveles permitidos de contaminación. Las autoridades municipales, encabezadas por el alcalde Iván Arias, han advertido que la calidad del aire es dañina para la salud, con niveles de partículas que superan los 150 microgramos por metro cúbico, cuando el límite seguro es de 50.
Ante la persistente contaminación, la Dirección Departamental de Educación ha ordenado que las clases presenciales en colegios de los distritos 1, 2 y 3 se realicen a distancia. Antonio Quispe, director interino de la institución, confirmó que la medida busca proteger a estudiantes y docentes hasta que la calidad del aire mejore.
Las autoridades recomiendan a la población utilizar barbijos, evitar actividades al aire libre y, en la medida de lo posible, permanecer en sus hogares. El problema de la contaminación en ambas ciudades refleja un conflicto más profundo entre las políticas de desarrollo y la preservación del medio ambiente, una tensión que podría intensificarse si no se adoptan medidas más estrictas para proteger los ecosistemas del país.