21 de mayo de 2024. – La Policía Boliviana enfrenta una profunda crisis moral y de corrupción que se manifiesta en diversos incidentes recientes, generando preocupación y desconfianza en la ciudadanía. A pesar de los esfuerzos por mantener el orden, como el despliegue de 4,000 efectivos, 52 vehículos, 2 ambulancias y 2 drones en la entrada del Gran Poder, la institución se ve envuelta en escándalos que minan su credibilidad.
Uno de los casos más destacados es el abuso de autoridad denunciado por el periodista John Arandia en Radio Fides. Un joven vendedor de Marketplace fue interceptado por dos policías en El Alto mientras intentaba vender sus productos, un hecho que fue grabado en video y difundido en redes sociales, generando indignación entre los usuarios.
En otra muestra de la crisis, el comediante Raúl Cuenca fue detenido por personificar a un policía en una actuación cómica. Aunque fue liberado poco después, este incidente subraya las preocupaciones sobre la libertad de expresión en Bolivia. El Ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, calificó de «inaceptable» el mecanismo utilizado por los policías y prometió tomar medidas para evitar situaciones similares en el futuro.
La corrupción también está en el centro de la crisis policial. En Caraparí, el Sargento Mario García fue destituido por realizar arrestos ilegales, extorsiones económicas y solicitar favores sexuales a la pareja de un detenido. La Defensoría del Pueblo del Chaco presentó pruebas que llevaron a la baja definitiva del policía, destacando la importancia de sancionar estos actos que dañan la sociedad y la imagen de la institución.
A pesar de estas medidas, otros casos siguen apareciendo. El teniente Víctor Hugo Santelices, repudiado por asociaciones de periodistas por ofrecer dinero para evitar una imputación por violencia a trabajadores de la prensa, fue ascendido a capitán a principios de año por su «constancia como buen servidor público«.
El ministro Del Castillo ha anunciado «acciones» al interior de la policía tras la aprehensión del comediante, recordando que el uso del uniforme policial sin autorización está prohibido. Sin embargo, la reiteración de abusos y corrupción pone en duda la eficacia de estas medidas y subraya la necesidad de reformas profundas en la institución para restaurar la confianza de la población.